GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)
La Federación de Agentes de Tráfico de la Unión GC criticó hoy la sentencia emitida recientemente por un juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, que calificaba de «ilegales» e «inquina persecutoria» los controles de alcoholemia, al considerar que supone un «retroceso total» en la lucha contra la inseguridad vial.
La federación afirmó hoy en una nota no entender la citada decisión judicial, que absolvió a un hombre que había dado positivo en varias pruebas de alcoholemia, especialmente después de que se haya modificado el Código Penal para este tipo de delitos «que tantas desgracias causa en la carretera».
Añade que al haberse hecho pública la sentencia, la confusión que percibe el ciudadano «es total» al no determinar con exactitud cuándo un control es ilegal para determinarlo así en una sentencia judicial.
Respecto a la tesis que hacía el juez sobre el trato desigual existente entre los conductores que consumen alcohol y los que toman otro tipo de sustancias, indicaron que es el poder ejecutivo el que tiene la potestad de legislar en dicha materia y recordaron al magistrado que en la comunidad catalana ya se realizan controles para determinar la influencias de drogas o otras sustancias estupefacientes y que el mismo tiene «todas las trabas en muchos recursos judiciales».
Así, añade la nota, que el desarrollo de los citados controles «no es problema de la Guardia Civil de Tráfico», ya que no puede ejecutarlos al no existir de momento el amparo legal para ello, al estar en prueba los mecanismos para realizarlos y el protocolo de actuación.
En este contexto, los agentes insisten en que la citada sentencia «es un nuevo retroceso en la lucha contra la violencia vial» y entienden que jueces, fiscales y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deben «ir agarrados ya que todo lo contrario es trabajo realizado para nada».
Esta situación se produce después de que el juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, Manuel Píñar Díaz, indicara en una sentencia emitida recientemente que las pruebas de alcoholemia suponen una «grave lesión al derecho de la igualdad de trato» que reciben los ciudadanos que consumen alcohol frente a los que toman otras sustancias estupefacientes, al considerar que los primeros se ven sometidos a una «inquina persecutoria mediante obsesivos controles de alcoholemia», mientras que los segundos «ni tan siquiera son molestados».
El juez llega a esta conclusión en una sentencia en la que absuelve a Mario R.R., vecino de Burgos, de un delito contra la seguridad vial después de que en julio de este año diera positivo en un control de alcoholemia en el marco de un dispositivo policial montado en la localidad de La Zubia (Granada).
El juez considera que el hecho de que una de las pruebas diera un resultado «significativamente inferior» introduce una duda «racional» sobre el verdadero índice y recuerda que en derecho penal «la duda probatoria tiene un tratamiento únicamente directorio en beneficio del acusado».
Siendo este uno de los motivos por los que se absuelve al acusado, el juez continúa argumentando su decisión en que estos controles pueden tornarse en una actividad «inquisitiva» contra el que consume alcohol, de modo que se «criminaliza esta conducta convertida por nuestra cultura en un acto social y que relega a verdaderos estados de ruina personal a quien haya acudido a una simple celebración y tenga la desgracia de ser pillado con el estricto índice legal».
Mientras tanto, añade el juez, «multitud de drogadictos pueden inundar nuestras vías con la seguridad de que no van ser detectados por dejadez o porque es más costoso detectar el consumo de las otras sustancias», lo que a su juicio «fomenta» el consumo de esas drogas.
Añade así, que un atestado policial que refleje un determinado índice de alcoholemia «sólo será válido como sustento de una condena penal» si en el mismo se refleja que al conductor acusado también se le han practicado pruebas de detección de estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, reflejando en qué ha consistido, como se hace en el caso del alcohol, y el resultado de las mismas, ya que, insiste, de otro modo esta prueba supondría un «trato desigualitario».

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