GRANADA, 30 (EUROPA PRESS)
Rafael Aibar, propietario de varias fincas en el Parque Natural de Castril que presentó una denuncia contra varios cargos de la Junta por el presunto desvío de fondos públicos en este espacio, ha interpuesto hoy un recurso de apelación argumentando que el juez instructor ha sobreseído la causa basándose en una «mera presunción de que todo está correcto sin haber tenido la posibilidad de constatarlo con los documentos».
En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, se hace constar «la enorme indefensión» que sufre Aibar al desconocer el contenido de la documentación aportada por la Junta de Andalucía y el escrito de la Fiscalía por la que solicita el sobreseimiento provisional de las actuaciones y se critica que el juez haya archivado el procedimiento «habiendo diligencias penales por resolverse».
En las alegaciones formuladas se indica que el Juzgado de Instrucción «ha rechazado sistemáticamente determinadas y trascendentes diligencias de prueba» y añade que a día de hoy aún no cuenta con las certificaciones de los técnicos del destino dado a los fondos públicos ni los mapas de los puntos geográficos donde se hicieron las inversiones «por la única razón de que el juez ha sobreseído la causa sin esperar a recibir cumplimentados los requerimientos»
El propietario de las fincas considera en el recurso que el juez «presume la absoluta regularidad» de las actuaciones administrativas con una presunción de legalidad administrativa no impugnada por el querellante y se formula la cuestión de «cómo sabe el instructor que no se ha cometido ilegalidad de índole penal en dicha tramitación si no ha podido ver y comprobar el expediente».
En el auto se critica además que desde que Aibar interpuso la querella hace 21 meses ha recibido «más que apoyo del juez, calificativos como que el propietario entraba en una alocada carrera en busca de responsables o responsabilidades», algo que a su juicio, no debe tener cabida en la función instructora y niega tener «ningún interés político ni necesidad de estigmatizar a nadie».
Esta situación se produce después de que el Juzgado de Instrucción 8 de Granada haya dictado el archivo de las diligencias previas practicadas tras la denuncia de Aibar, que acusó a los ex delegados de Medioambiente Gerardo Sánchez y Manuel Chirosa, entre otros cargos de la Junta, por malversación, prevaricación, falsedad y estafa en relación a la gestión del Parque de Castril y los 18 millones de euros de fondos comunitarios destinados al mismo.
El juez señalaba en el auto que «no ha quedado demostrado la perpetración de ningún delito por parte de los imputados», afirmado que no existe «el menor dato objetivo mínimamente serio» que permita deducir que se ha cometido alguna irregularidad.
Tras el archivo del caso, el ahora alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, exigió al PP que le pidiera disculpas por las «continuas difamaciones» que ha hecho hacia su persona, apoyando la querella de un particular, cuya «denuncia estaba exclusivamente fundada en intereses personales y económicos».

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