GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)
El Ministerio Fiscal mantuvo hoy la petición de ocho años de cárcel para el constructor granadino José Ávila Rojas, para el que pide además una multa de unos nueve millones de euros y una indemnización de 5,4, por cuatro delitos contra la Hacienda Pública que cometió presuntamente al realizar sendas operaciones inmobiliarias en 2001 y 2002, de las que entonces no declaró el IVA ni el IRPF.
El abogado del Estado ha mantenido también la misma petición de cárcel, mientras que la acusación particular –que ejercía Promociones Inmobiliarias Espacio– ha retirado el delito de apropiación indebida que le imputaba, posiblemente tras alcanzar un acuerdo con la parte implicada, según las fuentes consultadas.
En la tercera y última sesión del juicio, que se ha celebrado desde el pasado lunes en la Audiencia Provincial de Granada y que ha quedado visto para sentencia, el fiscal elevó a definitivo su escrito de calificación provisional al considerar que la condición de empresario inmobiliario, no como persona física, es clara, en contra de lo que ha sostenido la defensa para explicar por qué no abonó el IVA correspondiente a las operaciones, al haber actuado en su nombre y no en el de sus empresas.
El Ministerio Público recordó que cuando se le preguntó a Ávila Rojas por su profesión éste contestó que era promotor-constructor y que era el administrador de Ávila Rojas S.A y más empresas, «por lo que entendemos, y entienden los inspectores de Hacienda» que cumple los requisitos empresariales a efectos de IVA e IRPF.
De hecho, según indicó, en las dos operaciones intervienen más empresas inmobiliarias, en el primer caso Promociones Espacio y en el segundo Arenal 2000, que las vende Ávila Rojas y su empresa socia CCF21, por lo que se entiende que la voluntad de la compra es la construcción.
Asimismo resaltó que las dos fincas en cuestión, Las Monjas y el Coto de los Dolores, en Marbella (Málaga), se vendieron a 11 y 10 millones de euros, tras un incremento de hasta siete millones entre la compra y la venta «y ninguna operación sobre un terreno genera ese incremento si no se desarrolla para una operación inmobiliaria».
CONVENIO URBANÍSTICO
En el caso de Las Monjas existía además suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Marbella, que firmó el constructor, según señaló el fiscal, en calidad de empresario; y en el del Coto de los Dolores el comprador, el cordobés Rafael Gómez, de Arenal 2000, reconoció que se le vendió ya con licencia de obras, que tuvo que gestionarse por la empresa vendedora.
Al hilo, el fiscal dijo no entender «cómo se pueden hacer negocios tan lucrativos» sin tener conocimiento de lo que se firma, por la declaración precisamente de Gómez, conocido como «Sandokán», y porque resulta «imposible» que Ávila Rojas no conociera el contenido de las escrituras de las fincas que vendió, tal y como declaró en la primera sesión del juicio.
Por su parte, el abogado del Estado se preguntó si puede no ser empresario quien lo es desde 1962 o quien puede hacer operaciones con plusvalías cuantiosas en poco tiempo o si debe el ordenamiento jurídico «proteger» al que «sólo» cuando se «descubren» los hechos aporta pruebas. Así, se refirió al acusado como «un señor que defrauda y, cuando la Administración Tributaria lo descubre, comienza a construir tesis defensivas».
Aludió asimismo al convenio suscrito con el Ayuntamiento de Marbella, siendo teniente de alcalde Julián Muñoz, como un «escudo» para el constructor para justificar la defraudación tributaria, puesto que no se aprobó y «nunca» pagó los seis millones de euros acordados.
La defensa, que pide la libre absolución del constructor, señaló que «por pura inercia» se ha calificado a Ávila Rojas como empresario por su «notoriedad», cuando en las operaciones de compraventa de las fincas lo hizo como persona física, como así constaba en una de las escrituras, por lo que no estaría obligado a declarar el IVA.
De igual modo, señaló que no existen «pruebas contundentes» de que Ávila Rojas cometiera los delitos de los que es acusado y mantuvo que el incremento de las cantidades de la venta con respecto a la compra «es práctica habitual en la Costa del Sol», donde los precios fluctúan con facilidad, según mantuvo el letrado.
«FIJO» DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Añadió asimismo que el empresario es un «fijo» de la Administración Tributaria, con la que, a pesar de las numerosas inspecciones que ha pasado, nunca ha tenido problemas y que de hecho, según manifestó, las operaciones quedaron «explicadas» en el IRPF de 2003 y 2004.
Respecto al convenio urbanístico firmado, el abogado de la defensa apuntó que «no se puede mantener que no existieran en él unas obligaciones» por parte de Ávila Rojas ni que fuera «ineficaz» y mantuvo que su defendido actuó en consecuencia en cuanto conoció que no era aplicable.
Durante las tres sesiones han comparecido ante el tribunal varios de los implicados en la operación «Malaya» contra la corrupción urbanística de Marbella, entre ellos el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, Andrés Liétor, apoderado de CCF21, Rafael Gómez, propietario de Arenal 2000, o el propio empresario granadino.

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