Mañana declara como testigo el ex alcalde marbellí Julián Muñoz
GRANADA, 14 (EUROPA PRESS)
El constructor granadino José Ávila Rojas, que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel por la posible defraudación a Hacienda en 2001 y 2002 en sendas operaciones inmobiliarias, dijo hoy estar «bastante tranquilo» al tener las «cuentas claras» con la Administración Tributaria.
En declaraciones a los periodistas previas a la vista oral celebrada hoy en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, afirmó que se le acusa de un delito que no ha cometido, algo que quedará «súperdemostrado» al finalizar el juicio, que está señalado hasta el miércoles 16 de julio.
El constructor, imputado en la operación «Malaya», incidió en que tendrá que «pasar el trago» y «aguantar» la notoriedad y la repercusión que ha alcanzado por estar implicado en ese caso de corrupción urbanística. «Mi vida no es estar en los juzgados, sino vender casas, que es lo que he hecho toda mi vida», apuntó.
Las operaciones por la que es juzgado y por las que el Ministerio Fiscal le acusa de dos delitos continuados de estafa contra la Hacienda Pública derivan de la compra-venta que Ávila Rojas llevó a cabo durante los años 2001 y 2002 de dos fincas de las que, según la acusación, no declaró el IVA ni la cantidad del IRPF.
Según relató al tribunal durante la primera sesión del juicio, en el que mañana está prevista la declaración como testigo del ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, durante las dos operaciones en cuestión actuó como persona física y no en nombre de ninguna empresa por lo que, según consideró, no tenía que abonar el IVA.
En la primera de ellas, en mayo de 2001, cuando adquirió con la sociedad CCF 21 –perteneciente a Carlos Sánchez, también imputado en la operación «Malaya»– la finca «Las Monjas» en Marbella, que vendieron el mismo día a Promociones y propiedades Inmobiliarias Espacio S.L., Ávila Rojas declaró que fue precisamente esa mercantil la que llevó a cabo todos los trámites, sin que él se percatara de que constaba en la escritura, que firmó en Madrid, que debía abonar el IVA.
Fue sólo cuando transcurrido unos meses recibió un requerimiento de Hacienda que le obligaba al pago cuando conoció que tenía que haber abonado el impuesto a la empresa compradora, Promociones y Propiedades Inmobiliarios Espacio S.L., que ejerce la acusación particular y que pide para el acusado seis años de cárcel y multa de 918.346 euros.
En cuanto a la segunda operación, en julio de 2002, cuando de nuevo el empresario y CCF 21 adquirieron otra finca en Marbella, en el Coto de los Dolores, en la que, según el fiscal, tampoco abonó los impuestos correspondientes a la Agencia Tributaria y el IRPF, Ávila Rojas aseguró no haber tenido ninguna intervención en la misma.
En la sesión de hoy también declaró en calidad de testigo Andrés Liétor, apoderado de CCF 21, quien, a través de videoconferencia, manifestó que Ávila Rojas intervino en la primera de las operaciones como persona física y no jurídica y consideró que el constructor, como empresario «avezado» y «experto» –lleva 47 años en el sector de la construcción– leería la escritura donde se contemplaba el pago del IVA.
Ratificó asimismo que en la compraventa de la segunda de las fincas fue CCF quien llevó el grueso de la negociación y que Ávila Rojas no intervino «en ningún momento».
Por otro lado, el representante legal de Espacio S.L. afirmó que la entidad sí pactó con los vendedores el pago del IVA y que no se contempló por contra el abono en concepto de Impuesto de Transmisión Patrimonial.
Tanto Liétor como este último dijeron desconocer en el momento de la operación y posteriormente –si bien el segundo tuvo conocimiento en 2007– que Ávila Rojas firmara un convenio con el Ayuntamiento de Marbella, del que entonces era alcalde Julián Muñoz, para el aumento de la edificabilidad de «Las Monjas», que finalmente no se pudo llevar a cabo por la venta de los terrenos.
La Abogacía del Estado lo considera autor de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, por lo que solicita para el acusado ocho años de cárcel. El Ministerio Fiscal pide, por su parte, además de la misma pena de prisión, una multa de 20 millones de euros e indemnización de casi cinco.

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