GRANADA, 03 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Granada ha vuelto a ordenar al juez Miguel Ángel del Arco, que investiga la supuesta tramitación irregular en el Parque Comercial Nevada en Armilla (Granada), dejar «realmente sin efecto» el resultado de la investigación patrimonial de los imputados en la causa, procediendo «a su desaparición en forma legal».
Del Arco, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, accedió a la petición del Ministerio Fiscal sobre la incoación de pieza separada sobre la investigación patrimonial después de que la Audiencia Provincial de Granada la dejara sin efecto anteriormente.
Lo hizo después de que la Audiencia ni anulara la investigación ni considerara ilícita la prueba, según entendió Del Arco, aunque decidieron los magistrados del órgano superior dejarla sin efecto y detener los datos recabados sobre el patrimonio de los ediles y empresarios supuestamente implicados.
En su resolución, el juez defendió la investigación patrimonial de los imputados que fue acordada por él, ya que «se pueden no aceptar los hechos y razonamientos, pero no decirse que nos encontramos ante un caso de arbitrariedad judicial».
En ningún momento se puede considerar al instructor «intruso», sostuvo el propio Del Arco en el auto, porque «se podrá aceptar su ineficacia procesal, pero actuó dentro de la competencia jurisdiccional y profesional, al menos media; y con criterios de racionalidad, objetividad y proporcionalidad».
Sin embargo, en el auto hecho público hoy y al que tuvo acceso Europa Press, la Audiencia recuerda que el seis de noviembre de 2007 la Sección Primera acordó ya dejar sin efecto la práctica de las diligencias de investigación acordadas en la providencia de 25 de abril «pese a lo acordado por la Audiencia».
«El instructor equivocadamente entendió que dejar sin efecto no es una anulación ni declaración de prueba, ilícita, porque literalmente es así, pero nulo es aquello que no debe producir efecto y esto precisamente fue lo que acordó la Audiencia», se señala en el auto.
Así, considera el tribunal provincial que «si ello es así» el juez no debió admitir «ni el informe de la Guardia Civil», cuya investigación quedó sin efecto, «ni documentación anexa alguna».
«En consecuencia y estimando no procedente el auto que se recurre y manteniendo el criterio de que dejó sin efecto la investigación patrimonial, debe procederse a destruir el material recepcionado indebidamente por el instructor», indica el auto.
En la causa están imputados entre otros el que fuera alcalde de Armilla José Antonio Morales Cara y el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, ambos socialistas, además del empresario Tomás Olivo, implicado además en el «caso Malaya».

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