Hasta 102 de las 115 diligencias incoadas en 2007 fueron por delitos contra la ordenación del territorio, más del doble que en 2006 (48)
GRANADA, 13 (EUROPA PRESS)
La Sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía de Granada considera que en los delitos contra la ordenación del territorio el principal problema interpretativo en su aplicación está relacionado con la «resistencia» de algunos órganos enjuiciadores a aplicar la medida de demolición de edificación o construcción ilegal, al considerarla una facultad del juez penal.
Así lo recoge el Informe correspondiente al año 2007 de la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía, consultado por Europa Press, en el que los componentes de la Sección explican que la citada facultad constituye «una medida de restablecimiento de la legalidad para que la pena impuesta pueda cumplir su función preventiva».
«Se trata de una potestad reglada que debe acordarse cuando concurre su presupuesto –la imposible legalización de la obra conforme a la normativa vigente–, por lo que tan motivada deber ser la decisión de acordarla como la de rechazar su aplicación en el caso concreto», se señala en el informe.
También en el campo de los delitos urbanísticos, los componentes de la Sección han recurrido ante la Audiencia Provincial decisiones de órganos instructores que, «infringiendo el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial», han acordado la suspensión del proceso criminal por cuestiones referidas a la legalidad de la construcción acometida y de la licencia concedida por los responsables municipales.
En definitiva, en relación a este aspecto, «no parece» que los tribunales penales, tanto en la instrucción como en el enjuiciamiento de las causas, «hayan asumido definitivamente la plenitud de su función jurisdiccional», que ha de incluir «necesariamente» juicios de legalidad sobre conductas y decisiones tendentes a la protección y restablecimiento de la legalidad infringida.
Por otro lado, en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, los componentes de la sección aprecian en los tribunales penales «una cierta incomprensión» de la dinámica del injusto del delito ecológico como tipo de peligro hipotético.
ABSOLUCIÓN POR FALTA DE CAUSALIDAD.
Así, según se agrega en el documento, en los casos en los que se consigue material probatorio para acreditar conducta contaminante y la identidad de las personas responsables, «el órgano enjuiciador fundamenta la absolución en la menor entidad del peligro generado por razón de la falta de acreditación de la relación de causalidad con daños medioambientales».
A juicio de los componentes de la Sección, los sobreseimientos basados en la insuficiencia de material probatorio han de ser recurridos, a efectos de que se complete adecuadamente la investigación judicial de las infracciones penales medioambientales.
En la Memoria se resalta, en cuanto a los delitos de incendios forestales, la «amplia delimitación» del objeto típico del monte que comienza a sobresalir en las resoluciones de los órganos enjuiciadores de Granada, de manera que se impone el criterio de que el incendio provocado en zona de influencia forestal «tiene una probabilidad estimable de extenderse al monte», lo que hace pensar en que el incendio doloso puede provocarse desde el área colindante.
Según se desprende de la Memoria, un total de 102 de las 115 diligencias incoadas en 2007 en Granada fueron relacionados con delitos contra la ordenación urbanística, más del doble que en el ejercicio anterior, cuando se registraron 48.
De esas 102, 40 fueron archivadas, 38 conllevaron interposición de denuncia y 24 continúan en trámite –a fecha 31 de diciembre–. En cuanto a los delitos contra el medio ambiente, se abrieron nueve investigaciones, de las que seis resultaron archivadas, una conllevó denuncia y otras dos continúan en trámite.
Tres fueron las diligencias incoadas en patrimonio histórico –dos menos que en 2006– y una por incendios forestales, que fue archivada.
La Jefatura Provincial de Granada de la Unidad Adscrita al Cuerpo Nacional de Policía investigó 50 incendios forestales, de los 26 fueron esclarecidos. Un total de 15 se debieron a negligencias, cuatro a causas naturales, tres fueron accidentales, dos intencionados y dos por otras causas. Fueron imputadas 10 personas y cinco detenidas.
Se interpusieron 78 denuncias por vertidos y 41 por residuos tóxicos, 37 por sólidos urbanos. En protección del patrimonio histórico fueron tres los atestado instruidos y dos actas de denuncia y en ordenación del territorio se instruyeron 20 atestados, se imputaron 21 personas, y se denunció a otras tres.

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