El gobierno andaluz advierte que velará para que se cumpla la normativa urbanística en los terrenos de la capital granadina
GRANADA, 10 (EUROPA PRESS)
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada mostraron hoy su «satisfacción» con el acuerdo alcanzado ayer para la ampliación del Centro Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), que a largo plazo se efectuará en terrenos de la capital, donde el gobierno andaluz advierte que velará para se cumpla la normativa urbanística.
Esta situación se produce después de que ayer el patronato que gestiona el PTS aprobara por unanimidad la ampliación por fases del mismo en terrenos de Ogíjares, a corto plazo, a medio en Armilla y a largo plazo en los términos de La Zubia y Granada.
Preguntado por los periodistas, el alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), afirmó estar «muy contento y satisfecho» con el acuerdo, que recoge la interconexión de los terrenos, lo que puede generar «muchas sinergias y ahorros».
Recordó que ahora «queda un trabajo complicado, ya que se deberán poner en orden las modificaciones urbanísticas necesarias para que el Campus se convierta en un referente nacional, y si es posible mundial, de las Ciencias de la Salud».
Respaldó además la opción de que la ampliación comience por Ogíjares, ya que es la zona «urbanísticamente más fácil», al estar ya disponibles porque «las modificaciones necesarias de estos terrenos se hicieron en torno los ochenta».
Por su parte, el delegado de Gobierno de la Junta, Jesús Huertas, calificó de «muy satisfactorio» el acuerdo, «primero porque es un consenso con todos los miembros del Patronato, cumpliéndose las previsiones de crecimiento y segundo porque había que tomarlo en este momento», al considerar que «va a ser uno de los principales motores de desarrollo de la economía de Granada».
Respecto a la ampliación de los terrenos por la capital, Huertas ha indicado que el Ayuntamiento «deberá ser respetuoso con la normativa vigente» y, aunque aseguró que desde la Junta «siempre estaremos abiertos al diálogo», aludió a su «obligación de velar por la legalidad urbanística».

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