GRANADA, 04 (EUROPA PRESS)
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado a dos años de prisión a un hombre de 38 años que se apropió de los 54.000 euros de la venta del piso que su ex novia, de 71 años, poseía en Barcelona y de otros 3.000 euros de un aval, al cesar la convivencia.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se declaran como hechos expresamente probados que el condenado, de iniciales M.B.T., inició una relación sentimental con una mujer llamada Olga en septiembre de 2002 aproximadamente.
Tras convencerla para irse a vivir a Granada desde Barcelona, lugar de residencia de ambos, Olga vendió un piso su piso y, del importe de la venta, se ingresaron 127.000 euros en una cuenta abierta a nombre de ambos.
En dicha cuenta sólo se ingresaban cantidades que provenían de la pensión de Olga, además del importe referido de la venta del inmueble. Cuando la convivencia cesó, el ahora condenado hizo suyos 54.000 euros y, del aval prestado para el arrendamiento de una vivienda, que eran 6.000 euros, sólo entregó a Olga la mitad, quedándose el resto.
Así, según consta en los fundamentos jurídicos de la resolución judicial, ha quedado acreditado que el M.B.T. hizo suyos 57.000 euros, aunque alegó que se produjo «al partir las cuentas» cuando la convivencia cesó, al regresar él a Barcelona.
De la declaración del acusado, que reconoció en el juicio oral haber hecho suyo el dinero, «parece deducirse» –continúa la sentencia– que, a modo de liquidación, de una «inexistente» sociedad de gananciales, cada uno se quedaría con la mitad del dinero, algo negado por Olga y que se contradice con las afirmaciones del imputado alegando que la relación no era afectiva, sino sólo de amistad.
La Sala «no alberga duda alguna» del carácter de la relación afectiva y de convivencia entre ambos, puesto que, según prosigue, «una mera relación de amistad no conlleva la venta de una casa, alquilar otra en una ciudad distante o abrir una cuenta conjunta».
La Sección Primera de la Audiencia Provincial considera además acreditado que el dinero de la cuenta era propiedad exclusiva de Olga, puesto que era fruto de la venta de su piso en Barcelona y de su pensión y, por tanto, aún cuando la titularidad conjunta le autorizase a disponer de los fondos para los gastos comunes u otros autorizados por ella, «lo cierto es que no estaba autorizado a apropiarse de la mitad de los mismos al cesar la relación».
No son en cambio los hechos constitutivos de un delito de estafa, del que estaba acusado, al no haber quedado acreditada la concurrencia de «un engaño preexistente y suficiente, ni que como consecuencia de ello Olga realizase actos de disposición patrimonial».

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