GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)
La concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto (PP), ha afirmado que llegará a un acuerdo con los propietarios de los terrenos expropiados del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) tras la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga al Consistorio a pagarles con una indemnización o devolverles el suelo, pero «no antes» de aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), actualmente en revisión.
En declaraciones a Europa Press, la edil señaló que aún no ha habido contactos con los citados propietarios, si bien aseguró que su pretensión es que antes de que acabe este mandato se llegue a un acuerdo para evitar que el Ayuntamiento y propietarios continúen embarcados en pleitos judiciales, «pensando sobre todo en los equipos de gobierno futuros».
Así, recordó que por este asunto hay varios frentes judiciales abiertos, ya que uno de los tres pleitos relacionados fue recurrido por la Junta de Andalucía al Supremo y otro es la reciente sentencia, que no admite el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento, por el que los propietarios reclaman 11 millones de euros, «y no 18, que creo que fue una cantidad que se inventó Torres Vela» –el portavoz del grupo municipal socialista–.
Por esta última sentencia el Ayuntamiento «tendrá que iniciar el expediente de expropiación y, si no lo iniciamos podríamos estar retrasando el final del conflicto otros ocho años más», que, según indicó, no es su intención.
«No me parece bien tener esos temas ahí e ir retrasándolos años y años, porque esto se podría haber arreglado hace ocho años, porque ya se sabía. Queremos darle una solución y quitárselo de encima a futuros equipos de gobierno, porque los anteriores ya pensaron que alguien vendría después a arreglarlo», sostuvo la concejal.
La resolución, que impone también al Ayuntamiento pagar las costas procesales, da la razón a los propietarios, que recurrieron dicha expropiación, aprobada en pleno en 1998, cuando era alcalde el «popular» Gabriel Díaz-Berbel.
El alto tribunal andaluz ya recogió en su sentencia, ahora confirmada, que el aprovechamiento urbanístico de los terrenos expropiados, o «buena parte», sirvió como «fuente de financiación» para ejecutar el proyecto y que el Consistorio sin embargo «omitió» de manera absoluta cuál era la finalidad a que se iban a destinar esos terrenos.
Si se permitiera esta actuación, la Administración podría «hacer un uso libérrimo y excesivo de una posibilidad que tiene justificación legal muy clara y precisa» y, que en este caso, «no se ha cumplido ni en forma ni en fondo», detalla la sentencia que admitió el recurso de varios propietarios que estaban en desacuerdo con la aplicación del procedimiento de tasación conjunta que se llevó a cabo para expropiar.

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