GRANADA, 14 (EUROPA PRESS)
El grupo parlamentario del PP de Andalucía va a registrar una proposición no de Ley en la que insta al Consejo de Gobierno de la Junta a aplicar un «verdadero Plan de Infraestructuras Educativas» que aborde definitivamente las «carencias» existentes en la provincia de Granada, especialmente en la ciudad y el área metropolitana.
El objetivo es dejar de aplicar «política de parches», según manifestó hoy en rueda de prensa el parlamentario andaluz del PP por Granada Santiago Pérez que informó también de que la proposición propone posibilitar que las comisiones de escolarización puedan adoptar «acuerdos vinculantes» para la Administración Educativa.
La proposición, facilitada a Europa Press, pretende «racionalizar» las zonas de escolarización y sus áreas de influencia para equilibrar la oferta y la demanda, así como flexibilizar la aplicación de la normativa vigente respecto a la ratio, de acuerdo con el Consejo Escolar del Centro y con carácter excepcional en aquellos en los que la demanda fuera superior a la oferta de plazas.
El PP cree oportuno concertar una unidad más por centro cuando la demanda de plazas así lo aconsejara, según explicó Pérez, para quien no debe ser «inamovible» el concierto que se podría revisar al año y siempre que el centro en cuestión ofrezca las condiciones óptimas para ello.
El grupo parlamentario «popular» apuesta por revisar la actual prelación de criterios para la admisión de alumnos, elaborando un nuevo baremo más justo y realista, en el que pueda discernirse entre criterios prioritarios y criterios complementarios.
El PP quiere así también articular «un sistema de adveración de los datos más ágil, estricto y seguro», estableciendo los convenios de colaboración necesarios con otras administraciones públicas, todo ello bajo la supervisión y seguimiento directo de la Administración Educativa.
Los «populares» recordaron que es la Junta de Andalucía la «competente» para dar solución a la problemática de la escolarización que genera «intranquilidad, inseguridad y frustración» en los alumnos y las familias por lo que pidieron a la nueva consejera, Teresa Jiménez, que aborde las «carencias» existentes y confiaron en que sus peticiones tengan «mejor acogida» que con la anterior responsable de Educación, Cándida Martínez.
La evidencia contrasta con la «tozudez» de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, «empeñada en negar la realidad», según consta en la proposición, ya que el PP sostiene que «cientos de niños se quedan sin escolarizar en los centros deseados por sus familias sin que la Consejería arbitre medidas eficaces para paliarla».
Los meses de mayo y junio vienen demostrando año tras año «la ausencia de planificación, la falta de diálogo con los sectores afectados y el desinterés por aplicar las recomendaciones realizadas, de forma reiterada, por el Defensor del Pueblo», argumenta el PP, que pide por todo ello a la Junta que garantice la «calidad» de la enseñanza en los centros públicos y concertados.
Por último, el PP acusó a la Administración de «falta de vigilancia» a la hora de aplicar el baremo de escolarización, que permanece indiferente ante el «descontrol absoluto» del padrón municipal, de las declaraciones de renta, y de los puntos por enfermedad, entre otros aspectos.

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