El PP de Baza se ha sumado a las distintas iniciativas puestas en marcha en defensa de los derechos de los regantes de Baza y Caniles, de tal modo que los populares forman parte de las organizaciones y colectivos que constituyen la Plataforma por los Derechos de los Regantes, que también cuenta con el apoyo de la Junta de Regantes de Baza y Caniles, el Partido Andalucista, Asaja, el Colectivo de Expropiados, Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento de Cortes de Baza y las Comunidades de Regantes de este municipio.

Según ha explicado la portavoz local del PP bastetano, María José Martín, la filosofía con la que nace esta plataforma es la defensa y desarrollo de los regadíos en Baza y Caniles, promover y reivindicar la representación y participación de los agricultores en la Junta Central de Obras, como órgano de gestión y decisión del proyecto de regadíos, la enmienda de las condiciones técnicas y financieras en las que se impone el mencionado proyecto, difundir ampliamente entre el sector agrario y la población en general esta problemática, así como articular los cauces de reivindicación y participación social entre los colectivos directamente afectados, y abierto a aquellos otros que quieran sumarse para dar respuesta a la conflictividad actual y a las contingencias que puedan surgir.
En particular, la Plataforma por los Derechos de los Regantes plantea y defiende, entre otras reivindicaciones, que los regantes estén representados en la Junta Central de Obras, a cuyo efecto, ésta ha de constituirse conforme a derecho, según los dispuesto en el Reglamento de la Administración Pública del Agua; lo cual significa que en este órgano tengan asiento exclusivamente Confederación y regantes, como únicos usuarios del proyecto; y la exclusión de quienes detentan y suplantan la representación de los agricultores que han sido colocados en la Junta de Obras mediante una maniobra ilegal, al servicio de los caprichos e intereses del partido gobernante.
Además, solicitan que, al menos el 70 por ciento del coste de la obra principal corra a cargo del presupuesto público, y que la totalidad del valor de la construcción de la presa del Negratín sea amortizada por el Estado. Asimismo, la plataforma considera que los terrenos expropiados por las obras de infraestructura de regadíos deben ser indemnizados a precio de mercado y no conforme al tipo de valoraciones «miserables» que establece el Decreto 153/98.
Junto a esto, los integrantes de la Plataforma por los Derechos de los Regantes defienden que se consideren como tierras de riego consolidado de pleno derecho todos los riegos tradicionales, tanto los legalizados como los no legalizados, que se acrediten regar o haber regado conforme a normas de uso y costumbre, aunque no estén constituidas en comunidades de regantes, y carezcan por tanto de la figura legal de la concesión de aguas.
Por último, y como una más de estas reivindicaciones, solicitan que la recalificación de secano a regadío, o creación de nuevos regadíos sólo se concedan en aquellos municipios en los que la totalidad de la superficie regable asignada sea superior a la de riegos históricos o tradicionales, y por el número máximo de hectáreas que excedan de estos. «Pedimos además que la transferencia de derechos de riego se verifique exclusivamente por acuerdo de las partes implicadas, esto es, de los agricultores que tengan asignado el derecho potencial de riego y de quienes pretendan adquirirlo, o por renuncia expresa de los primeros».
La portavoz popular, María José Martín, ha explicado que, desde la plataforma, se espera que las corporaciones locales no tengan ningún tipo de facultad o competencia para la alteración de las zonas regables, puesto que conforme a la legislación de aguas y a la legislación de bases de régimen local carecen de competencias en materia de aguas de riego.
«Confiamos en que los objetivos de la Plataforma por los Derechos de los Regantes aclare las dudas del alcalde socialista de Baza, Pedro Fernández, y deje de hacer manifestaciones tan maliciosas como insinuar que el trasvase de Castril a Baza se está usando políticamente para enfrentar a la gente», aseguró Martín, quien recordó al regidor del PSOE que en esta plataforma intervienen colectivos tan distintos «como partidos políticos que han decidido mostrar su apoyo como organizaciones ecologistas, por lo que es una falta de respeto hacia los valores de esta iniciativa que se nos acuse de hacer campaña política».
«Tal vez Pedro Fernández crea que todas las personas que nos dedicamos a la vida pública nos mueven los mismos intereses personalistas, partidistas y subjetivos que al PSOE, que no hace nada si no sabe que le va a sacar provecho personal», concluyó María José Martín.

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