Expertos en menores coinciden en que los pequeños tienen «un empacho de derechos y una carencia de deberes»
ZARAGOZA, 27 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Alfonso Pérez Medina)
El juez de Menores de Granada Emilio Calatayud afirmó hoy que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor «no está dando respuestas» a las necesidades por las que fue creada en el año 2000 y podría tener que ampliarse a «la banda de 12 a 14 años» porque, en su opinión, el legislador «endurece cada vez más las penas y cree menos en la reinserción».
El magistrado, conocido por resoluciones judiciales en las que ha aplicado penas como la obligación de aprender el español o aprobar el graduado escolar, lamentó que «no se haya hecho un mínimo estudio sobre el éxito o el fracaso» de esta ley, y opinó que, si no se fomentan las penas de trabajos sociales o se persigue a los padres que incumplan sus obligaciones, la responsabilidad penal tendrá que ampliarse a los menores de 12 años.
«Hay que distinguir entre el menor delincuente y el menor que comete delitos y a ese menor la sociedad debe propiciarle una oportunidad para que repare el daño», defendió antes de quejarse de que «nadie haya hecho un estudio serio sobre el éxito o el fracaso» de la Ley del Menor y los sucesivos gobiernos de la democracia se hayan dedicado a endurecer el Código Penal sin fomentar las medidas de reinserción. «Yo ya no sé quién es conservador y quién es «progre» porque el más «progre» de todos los Códigos Penales era el de don Francisco, que contemplaba redenciones por buen comportamiento», apuntó en referencia al general Franco y a la legislación punitiva aprobada en 1973.
MEDIACIÓN PESE A LOS PADRES
El juez participó en un portal del IX Congreso Nacional de la Abogacía sobre menores en el que los ponentes, entre los que se encontraban el director de la Ciudad Escuela de los Muchachos (CEMU) de Leganés, Alberto Muñiz , y su alumno Juan Carlos Delgado, «El Pera», coincidieron en que en la actualidad los menores gozan de «un empacho de derechos» sin apenas tener que afrontar «responsabilidades y deberes».
Calatayud, que expuso a los padres «un decálogo para hacer pequeños delincuentes» de sus hijos, explicó que entre el 80 y el 90% de los litigios que se producen en su juzgado se resuelven con conformidad entre las partes y que en la mayoría de los casos resulta más fácil que el menor reconozca el delito que ha cometido a que lo hagan sus progenitores por la responsabilidad civil que tienen que afrontar en caso de una resolución condenatoria. «Lo que hay que hacer es educar a los padres», resumió.
En esta idea coincidió el fundador del CEMU, «Tío Alberto», quien se mostró convencido de que «el empacho de derechos y la carencia de deberes» con los que se encuentran actualmente los menores constituyen «heridas del exceso de bienestar». «Hemos pasado de «la letra con sangre entra» al «todo vale», donde los niños son dueños de sus casas y los educadores les traen al pairo», afirmó durante su exposición.
En el reverso de esta argumentación indicó que la única responsabilidad que han de afrontar los menores es la derivada de los delitos que puedan cometer, hasta el punto de que «el hecho de delinquir les hace responsables». «¿Por qué se es responsable si se roba un coche pero no se es responsable para comprarlo o para votar?», se preguntó. «Los niños que cometen delitos se salvan en el momento que les das una oportunidad», dijo.
Como ejemplo citó el caso de «El Pera», quien pasó de atracador de barrio con el calificativo periodístico de «enemigo público» a piloto profesional tras vivir una temporada en la Ciudad de los Muchachos. «Yo vivía una carrera sin límites, pero no me gustaba hacer daño a las abuelas», relató ante el auditorio tras presentar un reportaje de la película de Miguel Alvadalejo «Volando voy», que narra su vida.
En el debate, que estuvo moderado por la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, Silvia Jiménez-Salinas, también participó la adjunta al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava, quien aseguró que el índice de violencia escolar «ha disminuido» y que el 80% de los centros de internamiento de España se encuentran en buenas condiciones.

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