SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento andaluz rechazó hoy, con los votos del PSOE la propuesta de IULV-CA, apoyada por PP y PA, sobre la creación de una comisión de investigación para «esclarecer los hechos y actuaciones relativos a la gestión general» del conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife por parte de la directora del Patronato, María del Mar Villafranca, tras las irregularidades detectadas en la venta de entradas, y «determinar, en su caso, las responsabilidades políticas a las que haya lugar».
En defensa de la iniciativa, el diputado de IULV-CA Pedro Vaquero manifestó que la propia directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife compareció ante la prensa informando de que había llevado ante la Administración de Justicia un informe conteniendo la denuncia de una «presunta trama defraudatoria existente entre una agencia de viajes y varios trabajadores de la Alhambra», a raíz de la cual la Fiscalía y un juez instructor de la Audiencia Provincial de Granada imputaron a varias decenas de trabajadores «sin que hasta la fecha se haya concretado el procesamiento de ninguno de ellos».
Vaquero, que demandó que «haya claridad y no se tema a la verdad», puso de manifiesto que, a raíz de estas denuncias, «se han producido cambios organizativos en la gestión de la venta de entradas y acceso al monumento, así como en las relaciones laborales del organismo» y advierte de que, dado «el abultado número de entradas defraudadas, el dilatado período en el que se supone que se produjo el fraude o estafa, el cuantioso número de trabajadores llamados a declarar e inicialmente imputados, el largo período de instrucción del sumario y el escándalo público que ha podido deteriorar la imagen de la Alhambra, se abre el interrogante sobre si el informe presentado a bombo y platillo por la directora era correcto o no».
En cualquier caso, consideró que «en ambos casos cabe preguntarse si no existen responsabilidades políticas de los gestores públicos», ya que recuerdó que «alguna actuación ante los tribunales contra la dirección del Patronato, inadmitida por el juez como causa criminal, dio ocasión para que el juez advirtiera que la inadmisión no implicaba que las conductas señaladas por el grupo querellante no pudieran ser objeto de solicitud de responsabilidad en otros ámbitos de actuación».
En este sentido, Vaquero estimó que «queda en todo caso abierta la vía de exigencia de responsabilidades políticas por las actuaciones anteriores y posteriores a la denuncia de la dirección del Patronato de la Alhambra y el Generalife». Una comisión de investigación, a su juicio, debe servir «para el esclarecimiento de los hechos y actuaciones relativos a la gestión de las entradas, la gestión de las relaciones laborales y la gestión, en general, del conjunto monumental, por parte de la directora del Patronato desde el mes de julio de 2004 hasta la fecha, con la determinación, en su caso, de las responsabilidades políticas que haya lugar».
La diputada del PSOE Concepción Ramírez dijo que, inmediatamente, tras detectarse el caso de las entradas, se pone en conocimiento de la Unidad de la Policía Autonómica, al tiempo que ha habido «transparencia absoluta en cuanto a la información aportada por la Consejería de Cultura», apuntando que el asunto está en los juzgados, que es la administración a la que corresponde actuar y no a una comisión de investigación en el Parlamento para evitar «politizar» el asunto.
Por su parte, el parlamentario del PP Santiago Pérez manifestó que el «escándalo» sobre las entradas de la Alhambra se conoce por una persona ajena al patronato, sin que se llevara a cabo ningún control interno, lo que supuso una «clara dejadez». Mostró su preocupación por que desde que la gestión de la Alhambra está en manos de la Junta está sirviendo para «favorecer intereses del PSOE», y dijo que lo más preocupante es que el patronato ha hecho «dejación de sus funciones» en relación con el control interno, con «procedimientos poco rigurosos», sin que «nadie se preocupe» de solventar la situación.
El diputado del PA Ildefonso Dell»Olmo se mostró seguro de que debe «chocar a la opinión pública» que después de ser un hecho probado que se han producido «centenares de miles de entradas irregulares en la Alhambra, quien es la máxima responsable de la gestión y la tutela de ese patronato siga al frente de esa responsabilidad». A su juicio, hay una «responsabilidad política clara», por lo que anunció el apoyo andalucista a la investigación.

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