GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)
El secretario provincial del PSOE de Granada, Francisco Álvarez de la Chica, aseguró hoy que el PP «no sólo quiere pedir justicia, sino que pretende dictar sentencia» sobre el caso del Parque Nevada de Armilla (Granada), promovido por Tomás Olivo, quien se encuentra imputado en la operación Malaya por presunta corrupción en Marbella (Málaga) y que, tras ingresar en la prisión de Alhaurín de la Torre, está en libertad bajo fianza después de haber pagado medio millón de euros.
En declaraciones a Europa Press, el socialista valoró que las declaraciones del pasado jueves del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, acerca de que podría haber «incumplimiento de la ley» en el caso del centro comercial, «son coincidentes» con la actuaciones que la Administración autonómica ha acometido sobre este asunto.
En este sentido, aseguró que la Junta «ha entendido que había una discrepancia en términos de la aplicación de la ley y por eso ha ido a una vía contencioso con la decisión que tomó el Ayuntamiento de Armilla», gobernado por el socialista Antonio Morales Cara.
En su opinión, esto es algo «extraordinariamente cabal», si bien resaltó que le parece «muy curioso» que el PP critique que la Junta trate de forma desigual a los ayuntamientos, dependiendo de su color político, ya que, «en esta ocasión también le parece mal su actuación» con el Gobierno socialista de Armilla.
En la misma línea preguntó al PP «si estaría dispuesto a pedir lo que está exigiendo en el caso del Ayuntamiento de Armilla a otros municipios que están gobernados por los populares».
En cuanto a la querella presentada por el PP en la Fiscalía, el socialista aseguró que es algo que le parece «razonable», por lo que señaló que «será la justicia quien decida».
Por otra parte, Álvarez de la Chica consideró que hablar de ceses y dimisiones es «un exceso», aunque puntualizó que la petición del PP de que se cree una comisión de investigación es «un derecho parlamentario que habrá que valorar».
En cuanto a las críticas que ha recibido Morales Cara, el socialista recordó que «no hay un procedimiento abierto en el que se pueda defender nadie», ya que, según precisó, «la Fiscalía solo ha pedido documentación» tanto al primer edil como a la corporación municipal.

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