El etarra Ormazabal Lizeaga reconoce su pertenencia a ETA y asume «todas las acciones» de la banda armada
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota pidió hoy a la Sección Segunda de los Penal de este tribunal que condene a 234 años de prisión a los miembros del «comando Andalucía» de ETA Francisco Javier Gallaga Ruiz y Asier Ormazabal Lizeaga por un atentado con coche-bomba cometido en febrero de 1997 contra una furgoneta militar de la Base Aérea de Armilla (Granada), que se saldó con la muerte de un trabajador de estas instalaciones y lesiones en otras 17 personas.
Mientras que Gallaga Ruiz aseguró en el inicio de la vista oral que no contestaría ni a las preguntas del tribunal ni a las del fiscal, Ormazabal Lizeaga reconoció su pertenencia a la organización terrorista ETA y afirmó que asumía «todas las acciones» de la banda armada.
Precisamente, esta confesión sirvió al fiscal como «un elemento más» para solicitar una sentencia condenatoria contra los procesados por un delito de asesinato terrorista, diecisiete delitos de asesinato en grado de tentativa, estragos, robo y falsedad documental con finalidad terrorista. Pidió además que se les condene a pagar a los familiares del fallecido con 510.860 euros.
«Existen abundantes indicios y pruebas de cargo de culpabilidad contra los acusados», alegó el fiscal, que modificó sus conclusiones provisionales en lo relativo a la calificación jurídica del delito de estragos, al elevarlo de 14 a 16 años conforme a «la correcta aplicación penal», según dijo. Igualmente, reclamó que se imponga a los etarras la prohibición de volver a Granada durante cinco años una vez que sean excarcelados.
En su informe de conclusiones, González Mota mencionó como prueba de cargo la declaración policial y judicial efectuada por el también integrante del «comando Andalucía» José Luis Barrios Martín, quien entonces reconoció la participación de los acusados en los hechos. En concreto, dijo que Gallaga Ruiz y él instalaron el artefacto explosivo en el interior de un vehículo robado anteriormente, mientras que Ormazabal participó en la elaboración de la información y en la confección de los explosivos.
SE NIEGA A DECLARAR
En el juicio Barrios Martín, condenado ya por este atentado, se negó a declarar como testigo, incluso después de haber sido advertido por el presidente del tribunal, Fernando Bermúdez de la Fuente, de que se podría deducir testimonio contra él por un delito de denegación de auxilio a la Justicia.
A continuación, el fiscal González Mota se limitó a leer sus preguntas sin pedir a la Sala que dedujese testimonio contra el etarra, a quien la Audiencia Nacional le condenó en febrero de 2001 a 232 años por este mismo atentado.
En la vista oral testificaron el instructor y el secretario de la toma de declaración de Barrios Martín. Ambos relataron que en aquella ocasión el etarra reconoció a los acusados en varios reconocimientos fotográficos. También manifestaron que su abogado estuvo presente en todo momento y negaron que hubiese recibido malos tratos.
RECONOCIMIENTO
Esta versión fue respaldada en la sesión por la pericial realizada por un médico forense de la Audiencia Nacional, quien declaró que los detenidos puestos a disposición judicial de esta sede judicial son reconocidos diariamente por un médico forense. «No me consta ningún informe sobre malos tratos», apuntó.
También comparecieron como testigos varios miembros de la Policía Local de Granada, que acudieron al lugar de los hechos tras recibir una llamada informando del atentado. El testimonio de todos ellos coincidió en señalar que la explosión provocó cuantiosos daños en las inmediaciones y la honda expansiva alcanzó «vehículos, edificios y personas».
Por otro lado, la Audiencia Nacional suspendió el juicio que tenía previsto celebrar hoy contra los que fueran miembros del «comando Madrid» de ETA Rufino Arriaga e Idoia Martínez García por delitos de depósito de armas de guerra y tenencia de explosivos. El fiscal Ignacio Gordillo pide 22 años de prisión para cada uno de ellos.

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