GRANADA, 4 (EUROPA PRESS)
El secretario general del PP de Granada, Antonio Ayllón, dudó hoy de que la dirección de la Alhambra «no tenga algo que decir» respecto a las presuntas irregularidades en la venta y acceso al recinto monumental, después de que el juez que instruye el caso rechazara admitir la segunda petición de los populares en ese sentido.
En declaraciones a Europa Press, Ayllón se refirió con «todas las cautelas» al auto judicial en el que el juez instructor Miguel Angel del Arco deniega la solicitud popular en la que pedía la declaración de la directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, la secretaria general, Victoria Chamorro, y el jefe de Visita Pública, Francisco Olmedo, aunque insistió en que, a su juicio, «deberían ser investigados».
Según el PP, «si los trabajadores del monumento son inculpados, también se debería investigar a los dirigentes políticos del mismo», motivo por el que decidieron ampliar la acusación contra ellos en su querella hace meses y que el juez ha desestimado por «la ausencia de seriedad procesal y jurídica», así como en las «contradicciones» en los escritos presentados por el propio PP.
Ayllón recordó que el PP «está en su derecho de solicitar la ampliación» y, aunque manifestó «todo el respeto» del partido a la labor judicial, indicó que «estudiarán el auto para ver si lo recurren», a la vez que dijo que asumirán sus «errores, si es que procedimentalmente» se han equivocado.
En el auto judicial, el instructor denegó el acceso a «las solicitudes contenidas en el referido escrito» por lo que se atiene a la situación procesal de la representación del PP a su querella del 21 de abril, admitida el 22 de mayo.
Así, en el primero de los escritos, el admitido, el PP distinguió dos clases de querellados: 18 en su mayoría trabajadores del monumento y 21 ya imputados, si bien «no puede determinarse en este momento procesal la responsabilidad exacta imputable a tales personas», indicó.
Dicho escrito fue resuelto satisfactoriamente después del rechazo inicial del juez instructor de admitir la personación de los populares, a fin de que concretaran hacia quiénes dirigían la acusación en el caso.
Sin embargo, cuatro meses después, el PP modificó su imputación y «dejó fuera a quienes constituían –según el juez– el núcleo duro» de la querella 17 de los 18 trabajadores del monumento, con la excepción de F.C.J., y se solicitó que se tomara declaración además de a Villafranca, Chamorro y Olmedo.
El PP justificó su petición en el «conocimiento» que tendrían los máximos responsables de la entrada al monumento nazarí de las supuestas «irregularidades» que desencadenaron la investigación judicial.
Pero la retirada de los cargos contra los 17 trabajadores a los que acusaron con anterioridad y por lo que recibieron numerosas críticas «no se acaba de entender», según el auto judicial, que considera «desafortunada» la expresión del PP «no es intención de mi representado dirigir en lo sucesivo la acusación contra los actualmente imputados en las presentes diligencias antes citados», calificada por el juez como «ausente de seriedad procesal y jurídica».
Para el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada también existe una «ausencia de fundamentación jurídico-procesal en el señalamiento de nuevos imputados» cuando el PP pide la declaración de estos por «sus cargos en relación con el conjunto monumental de la Alhambra, porque han tenido en última instancia la máxima responsabilidad en los hechos que ya se expusieron».
Así, el juez no accede a las peticiones posteriores realizadas por los populares por existir, a su juicio, una «contradicción instrumentalizada entre la finalidad de la querella y la simulada».
El PP estudia ahora si recurrir la decisión judicial.

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