GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)
El juez que instruye el «caso Alhambra», que investiga las presuntas irregularidades en la venta y acceso al recinto monumental nazarí, ha rechazado admitir la segunda petición del PP que dirigió la querella contra la directora del Patronato, María del Mar Villafranca, y la secretaria general, Victoria Chamorro, una vez aceptada la personación en la causa.
En un auto, al que tuvo acceso hoy Europa Press, el juez Miguel Angel del Arco deniega el acceso a «las solicitudes contenidas en el referido escrito» por lo que se atiene a la situación procesal de la representación del PP a su querella del 21 de abril, admitida el 22 de mayo.
Las razones por las que el juez acuerda no acceder a las peticiones posteriores de los populares se basan, principalmente, en «la ausencia de seriedad procesal y jurídica», así como en las «contradicciones» en los escritos presentados por el propio PP.
Así, en el primero de ellos, el PP distinguió dos clases de querellados: 18 en su mayoría trabajadores del monumento y 21 ya imputados, si bien «no puede determinarse en este momento procesal la responsabilidad exacta imputable a tales personas», indicó.
Dicho escrito, fue resuelto satisfactoriamente después del rechazo inicial del juez instructor de admitir la personación de los populares, a fin de que concretaran hacia quiénes dirigían la acusación en el caso.
Sin embargo, cuatro meses después y sin estar aún personado en la causa, el PP modificó su imputación y «dejó fuera a quienes constituían –según el juez– el núcleo duro» de la querella 17 de los 18 trabajadores del monumento, con la excepción de F.C.J., y se solicitó que se tomara declaración además de a Villafranca y Chamorro al jefe de Visita Pública del Patronato, Francisco Olmedo.
El PP justificó su petición en el «conocimiento» que tendrían los máximos responsables de la entrada al monumento nazarí de las supuestas «irregularidades» que desencadenaron la investigación judicial.
Pero la retirada de los cargos contra los 17 trabajadores a los que acusaron con anterioridad y por lo que recibieron numerosas críticas «no se acaba de entender», según el auto judicial, que considera «desafortunada» la expresión del PP «no es intención de mi representado dirigir en lo sucesivo la acusación contra los actualmente imputados en las presentes diligencias antes citados», calificada por el juez como «ausente de seriedad procesal y jurídica».
Para el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, también existe una «ausencia de fundamentación jurídico-procesal en el señalamiento de nuevos imputados» cuando el PP pide la declaración de estos por «sus cargos en relación con el conjunto monumental de la Alhambra, porque han tenido en última instancia la máxima responsabilidad en los hechos que ya se expusieron».
Así, el juez no accede a las peticiones posteriores realizadas por los populares por existir, a su juicio, una «contradicción instrumentalizada entre la finalidad de la querella y la simulada».
INSTRUCCIÓN DEL CASO
Durante el ya largo periodo de instrucción han sido citadas a declarar por el juez 46 personas, 38 de ellas trabajadores del Patronato de la Alhambra y el Generalife, imputados en el supuesto fraude en el control y acceso al recinto monumental de la Alhambra como indiciarios responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil, coacciones, sustracción de cosa propia a su utilidad cultural y/o daños en el Patrimonio Histórico.
En marzo, Del Arco tomó declaración a 29 personas imputadas, la mayoría de las cuales se desvinculó de la supuesta estafa y negó irregularidades en el acceso al monumento, al menos, bajo su supervisión.
Sin embargo, la ronda de citaciones de abril comenzó con el reconocimiento por parte de varios trabajadores de contar con cierta «flexibilidad» en la hora de entrada y número de personas por grupos que acceden al recinto cumpliendo así órdenes expresas de la dirección del Patronato de la Alhambra y el Generalife.

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