GRANADA, 21 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Granada ha solicitado tres años de prisión para cada uno de los cuatro responsables de las obras que la empresa Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L. llevó a cabo hace seis años en el número 23 de la vía urbana Callejón de los Franceses, en la que murió un obrero sobre el que cayó un muro.
En el escrito, al que hoy tuvo acceso Europa Press, el fiscal les acusa de un delito contra los trabajadores y otro de homicidio imprudente, si bien también pide para cada imputado una multa de 3.240 euros y que se indemnice a los familiares de la víctima con 106.000 euros, así como 18 meses de cárcel para otro acusado por un delito de homicidio imprudente.
Los hechos ocurrieron a las 11.00 horas del día 22 de diciembre de 2000, cuando se produjo el accidente mortal de un trabajador de 60 años, oficial de primera, que era especialista en derribos, con antigúedad desde julio de 1988, y que era empleado de la empresa Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L.
El fallecido, que no llevaba puesto el casco de seguridad, se encontraba prestando sus servicios en las obras de demolición y derribo que la empresa llevaba a cabo en el número 23 de la vía urbana Callejón de los Franceses.
Según señala el fiscal, debido, entre otras razones, al fuerte viento reinante, se desprendió un muro de la casa colindante. Se trata, en concreto, de un «paño del cerramiento de una vivienda muy vieja, desde una altura aproximada de nueve metros, que no había sido afianzado con puntales u otros sistemas alternativos que garantizaran su estabilidad», impactando en el trabajador y ocasionándole heridas en el cuerpo y la cabeza, que le produjeron la muerte.
En la citada obra también trabajaba el conductor de un camión que trasladaba y retiraba el cascajo de la obra, ya demolida, y su hijo, que controlaba las máquinas y la calle. Como encargado de la obra se encontraba J.D.F, quien también trabajaba para la empresa, de la que su hija, también acusada, era la única administradora y quien además dio las concretas órdenes de derribo y de todo tipo, a los trabajadores a su cargo.
Según el fiscal, ambos debieron proporcionar los medios necesarios para que los trabajadores, entre ellos el operario accidentado, realizara sus funciones en las debidas condiciones de seguridad.
La mercantil Eurotamarindo S.L. era la propietaria de la edificación, así como la colindante. La demolición del edificio fue acordada por el Ayuntamiento de Granada y la empresa Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L. actuó por requerimiento del mismo.
Sin embargo, una vez iniciados los trabajos de demolición, la sociedad Eurotamarindo presentó una solicitud en el Consistorio solicitando que fueran anuladas las actuaciones sobre la ejecución subsidiaria, ya que resultaba más ventajoso económicamente que abonar el coste de la demolición indirectamente a través del Ayuntamiento, quien a su vez pagaría a la empresa contratada mas tarde y mediante certificaciones de obra.
En cualquier caso, el fiscal considera que ni la empresa propietaria ni la de demoliciones, así como tampoco el Ayuntamiento, llevaron a cabo con carácter previo, un plan de demolición imprescindible para los trabajos de derribo que pudieran suponer un peligro para los trabajadores.

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