GRANADA, 17 (EUROPA PRESS)
El concejal de IU en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Morales, ratificó esta mañana ante el juez las afirmaciones que vertió en rueda de prensa sobre las presuntas conductas irregulares de algunos miembros de la Policía Local, al referirse a la necesidad de que se cree una comisión que investigue algunas de estas actuaciones.
Según recordó Morales a Europa Press, su declaración es consecuencia de la querella por injurias y calumnias interpuesta por el Sindicato de la Policía Local de Granada ante sus afirmaciones en aquella comparencia informativa de finales del mes de junio del pasado año.
El edil señaló que, «tras recibir en su grupo municipal numerosas quejas de ciudadanos y colectivos de inmigrantes» sobre algunos altercados con la Policía Local en los que «algunos agentes violaron los derechos de la ciudadanía», según aseguró, solicitó la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Granada y así lo expresó en rueda de prensa.
Bajo su punto de vista, sus declaraciones se enmarcaron «en una crítica política a la gestión del Gobierno municipal», y dentro de ella, «el papel que estaba jugando el Sindicato de la Policía Local» orientado, en su opinión, a «bloquear cualquier intento, no ya de crear una comisión de investigación, sino incluso de esclarecer cualquier denuncia puntual que se planteara», según valoró.
Así, el concejal de IU mantuvo ante el juez las declaraciones que realizó durante la rueda de prensa y recordó que fue «el conjunto de muchas denuncias presentadas», lo que indica que existe, según afirmó, un «problema en la dirección de la Policía Local», extremo que entiende no sólo él sino, según manifestó, «multitud de colectivos ciudadanos que interpusieron una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que ha iniciado una investigación al respecto», según aseguró.
«El apoyo prestado por el Sindicato de Policía Local» y el «bloqueo continuo a que se esclarecieron los hechos», según relató el edil de IU, le llegó por otros funcionarios y por su experiencia personal ya que, según dijo, fue objeto de una «campaña de acoso y descrédito tras haber sido imputado falsamente de incitar a la comisión de hechos delictivos» por recomendar a unos ciudadanos que denunciaran la actuación policial contra unos vendedores senegaleses en Puerta Real el 11 de enero de 2004, según argumentó.
En los meses posteriores, «dirigentes del Sindicato que firman la querella difundieron por la red interna del Ayuntamiento, que llega a 1.500 funcionarios, toda un serie de mensajes insultantes, llenos de falsedades y cargados de intención de ridiculizar», aseveró el concejal.

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