GRANADA, 12 (EUROPA PRESS)
La delegada de la Junta de Andalucía en Granada, Teresa Jiménez, aseguró hoy que cuando la Fiscalía emita su dictamen sobre el Parque Nevada de Armilla (Granada) «será el momento de opinar y pedir responsabilidades a aquellos que impunemente están ensombreciendo la labor de todos los alcaldes de esta provincia», según manifestó.
En declaraciones a los periodistas, Jiménez aseguró que en este asunto «todas las opiniones sobran», a la vez que indicó que el informe que la Junta emitió a través de la Delegación de Obras Públicas es preceptivo, aunque el Ayuntamiento de Armilla no tiene que acatarlo de forma obligatoria.
De esta forma, la delegada salió al paso de las declaraciones del secretario provincial del PP de Granada, Antonio Ayllón, en las que informó, el pasado 7 de julio de que su partido ha presentado en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una ampliación del escrito que ya denunció hace ocho meses, cuando los populares pusieron en conocimiento del fiscal «una serie de irregularidades urbanísticas en el centro comercial Parque Nevada» de Armilla (Granada), promovido por Tomás Olivo, uno de los detenidos dentro de la segunda fase de la «operación Malaya» y que ha quedado en libertad tras pagar una fianza de 500.000 euros.
Según explicó Ayllón a Europa Press, en esta ampliación se pone conocimiento del fiscal «la actitud totalmente absurda del delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía en Granada, Pedro Fernández, que, bajo su punto de vista, «mira para otro lado» y, un año después, «no ha hecho absolutamente nada».
En este sentido, el dirigente popular precisó que «el 25 de mayo de 2005 la Comisión Provincial de Urbanismo emitió un informe en el que se contemplaba una serie de irregularidades que el Ayuntamiento de Armilla debía subsanar». En su opinión, es «incomprensible» cómo el alcalde del municipio, el socialista José Antonio Morales, «se sienta en una Comisión Provincial de Urbanismo, en la que opina y decide sobre otros ayuntamientos, mientras que el suyo incumple las normativas».
Tras estas declaraciones, el delegado de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Granada, Pedro Fernández, defendió la «absoluta firmeza y profesionalidad» del departamento que dirige y se remitió a la resolución de la Justicia.

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