GRANADA, 8 (EUROPA PRESS)
El delegado de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Granada, Pedro Fernández, defendió hoy la «absoluta firmeza y profesionalidad» del departamento que dirige y, después de que el PP formalizase ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una ampliación de su denuncia acerca de supuestas irregularidades en el centro comercial Parque Nevada de Armilla, se remitió a la resolución de la Justicia.
En declaraciones a Europa Press, Pedro Fernández aseguró que ha recibido «con tranquilidad» la noticia de que el PP ha presentado en la Fiscalía del TSJA una ampliación del escrito ya registrado hace ocho meses, cuando los populares pusieron en conocimiento del fiscal «irregularidades urbanísticas» en el centro comercial Parque Nevada, promovido por Tomás Olivo, uno de los detenidos dentro de la segunda fase de la «operación Malaya» y que ha quedado en libertad tras pagar una fianza de 500.000 euros.
Fernández defendió la «absoluta firmeza y profesionalidad» de la delegación provincial de Obras Públicas y Transportes, al tiempo que se mostró «muy respetuoso» con el poder judicial, por lo que declinó valorar la actuación del PP en el asunto y prefirió «esperar» el pronunciamiento de la Justicia en el caso de que ésta «cree que alguna actuación no se ajusta a derecho».
«Habrá que esperar lo que digan el fiscal o los jueces», dijo el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes antes de considerar, finalmente, que el PP sólo intenta «politizar» con esta ampliación de su denuncia.
LA DENUNCIA DEL PP
Desde noviembre del pasado año, el secretario general del PP de Granada, Antonio Ayllón, viene criticando que el «bosque de cemento» que constituye el Parque Nevada se empezó a construir en enero de 2005 de forma «ilegal», puesto que «no contaba con licencia, no estaba definitivamente aprobado el plan parcial, ni contaba con los proyectos de parcelación y urbanización o con el correspondiente expediente de disciplina urbanística».
Según el dirigente popular, «fue el mismo Ayuntamiento quien paralizó la obra en junio de 2005», aunque en la actualidad se sigue trabajando en la construcción del centro que va a ocupar unos 70.000 metros cuadrados de superficie de la «maltratada» Vega de Granada, según aseguró Ayllón, después de que el grupo popular en el consistorio de Armilla empezara a investigar sobre los proyectos para la construcción del centro.
Así, explicó que fue entonces cuando el Ayuntamiento encargó a dos letrados externos, uno de ellos de la Diputación, el informe urbanístico preceptivo, en donde cree que puede darse «chantaje administrativo» por la «superioridad jerárquica» de Gabriel Cañavate, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento y vicepresidente primero de la Diputación.

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