GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)
La Audiencia provincial de Granada juzga a partir de hoy a dos bomberos para los que la Fiscalía solicita la pena de seis años de cárcel y cuatro de inhabilitación por filtrar un examen de oposición con el fin de que obtuvieran plaza fija en la convocatoria de 2003 interinos con años de trabajo, como presuntos autores de un delito continuado de falsedad en documento oficial y un delito de violación de secretarios.
Según el escrito de acusación al que tuvo acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en el año 2003, cuando los dos acusados, J.M.B.S. y G.M.G., bomberos de Granada, formaban parte del tribunal de oposición como vocales en representación sindical.
Transcurrida la primera prueba física de oposición, resultaron aprobados 542 opositores, que contestaron por escrito a la segunda, un examen tipo test con 100 preguntas.
Tras la corrección de un elevado número de ejercicios y dado el «volumen ínfimo» de aprobados, el tribunal decidió dar por bien contestados a todos los aspirantes 25 preguntas para llegar así a un número de aprobados «suficiente» para finalmente cubrir las 16 plazas del concurso.
Así, los acusados lograron, según el relato fiscal, «solos o con ayuda de otras personas no identificadas, burlar el anonimato de la autoría de los ejercicios» alterando los de dos aspirantes.
Posteriormente, el día previo a la realización de la tercera prueba, los acusados –miembros técnicos del tribunal– plasmaron por escrito 21 de las 30 preguntas que componían el tercer ejercicio con el propósito de hacerlas llegar a la mayor parte de interinos como así hicieron.
En la reunión mantenida con otro miembro del tribunal, ya fallecido, se planteó el problema de uno de los bomberos aspirantes, interino, que no había superado el segundo ejercicio, y la posibilidad de lograr «aprovechando una impugnación pendiente de resolver planteada por éste, que superara el mismo».
El ejercicio fue finalmente «filtrado», según el fiscal, sin que haya podido establecerse con las debidas garantías si lo fue a todos o a algunos de los interinos, y sin que de ello se desprendiera beneficio económico.
Uno de los acusados se lo filtró al aspirante antes referido «sugiriéndole que podría utilizarlo si finalmente se le aprobaba el segundo ejercicio o levantar un acta notarial para acreditar, si le fuera preciso, la existencia de la filtración y anular así la convocatoria».
Sin embargo, éste acudió el día que estaba previsto realizar el ejercicio al notario, que levantó el acta con las 21 preguntas que coincidieron con las que compusieron el ejercicio, lo que supuso la anulación del mismo y la paralización de la oposición.

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