GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha recurrido al Tribunal Supremo después de que una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada otorgue la propiedad de una finca de 527 hectáreas y ubicada dentro del Parque Natural de Sierra de Castril a un particular para que ésta no quede excluida del catálogo de Montes de Andalucía.

En declaraciones a Europa Press, el delegado de Medio Ambiente en Granada, Gerardo Sánchez, señaló que la Junta ha decidido intervenir por la vía judicial en un proceso en el que han litigado por la propiedad de esta finca, denominada ‘El Corralón’, el Ayuntamiento de Castril y un particular y ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El diario Ideal informó hoy sobre la resolución judicial que otorga la propiedad de esta finca dentro del Parque Natural a un particular, ante lo que el delegado de Medio Ambiente aclaró que «la Junta no tiene ninguna finca en el Parque Natural de la Sierra de Castril».

En este caso se produjo una primera sentencia en 2004 del juzgado favorable al Ayuntamiento, según informó Sánchez, y que fue apelada por el particular, dictándose ahora otra sentencia favorable a éste.

La Junta ha decidido intervenir en este momento debido a que esta finca está incluida en el Catálogo de Montes de Andalucía «y es una obligación de la Junta de Andalucía defender el patrimonio forestal de Andalucía».

El delegado sostiene que la finca debe de seguir manteniendo esta consideración, al tiempo que aclaró que la titularidad de la finca no supone «ningún peligro para el futuro del Parque Natural».

Así, señaló que este Parque se creó en 1989 y cuenta con una extensión de 12.265 hectáreas, de las cuales el 53 por ciento son de titularidad pública –pertenecen al Ayuntamiento de Castril y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir–, mientras que el resto están en manos privadas.

Explicó que «la titularidad de la finca no condiciona que ese territorio sea o no parte del Parque Natural», lo que se determina «por los valores naturales que vienen recogidos en la ley que establece los límites del Parque y su creación».

En este sentido, afirmó que «con independencia de la titularidad de la finca el Parque Natural persiste y la protección que tiene el territorio permanece».

Además y como valoración de esta sentencia, declaró que la situación de terrenos de titularidad privada se da en muchos parques como es también el caso del Parque Natural de Sierra Nevada «por eso no debe de haber ningún tipo de temor ni se debe cuestionar el futuro del Parque de Castril en función de que la sentencia establezca que la finca sea pública o privada».

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