GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada han firmado un convenio de colaboración por el que ambas administraciones financiarán al 50 por ciento los 240.000 euros que se destinarán a la creación de dos oficinas que tendrán la función de vigilar y asesorar a los ayuntamientos de la provincia en materia urbanística.

En rueda de prensa, la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez informó de este acuerdo que persigue asesorar a los ayuntamientos con menos recursos de la provincia en materia urbanística y en la adaptación a la nueva ley andaluza de planeamiento.

Así, se van a crear dos oficinas en el Valle de Lecrín, abarcando a ocho municipios, y otra en la comarca de Baza y Huéscar, que atenderá a 14 pueblos, según informó el presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, quien destacó que esta iniciativa de la Junta «coincide con nuestro discurso».

Además, la consejera informó que también existen distintos convenios de colaboración con 42 municipios de la provincia y la Dirección General de Urbanismo para realizar esta labor de asesoramiento y que también realizan una función de vigilancia «porque el principal responsable del control de la actividad urbanística es el ayuntamiento», por lo que estas oficinas ayudan a que haya una mayor vigilancia en materia urbanística y así que se produzcan actuaciones ilegales.

Gutiérrez destacó que en Granada «más del 95 por ciento de los ayuntamientos están en una posición de colaboración y de trabajo conjunto ejerciendo muy bien su competencia de vigilancia», aunque destacó que también se dan «situaciones conflictivas» y con «carácter excepcional» que se van solucionando en el proceso contencioso administrativo, subrayando que el Ayuntamiento de Almuñécar cuenta «con algún contencioso».

Sobre el proyecto de Ley planteado por el Gobierno andaluz que permitiría asumir a la Junta las competencias urbanísticas de los ayuntamientos que incumplieran la normativa urbanística, la consejera dijo que cuando un ayuntamiento realice una utilización «torticera y negativa» de estas competencias y cuando se produzca una situación de gravedad o se vulnere sistemáticamente el plan de la Junta de Andalucía, «en ese caso, temporalmente y previo informe favorable del Parlamento, se podrán retirar las competencias al ayuntamiento».

Ahora mismo, esta reforma se encuentra en el Consejo Consultivo de Andalucía, tras lo que pasará al Consejo de Gobierno y posteriormente al Parlamento, según dijo la consejera, que señaló también que se creará un cuerpo de inspección de ordenación del territorio y urbanismo que estará formado aproximadamente por unos 50 funcionarios de tipo A.

«BUENA ACOGIDA» DEL BILLETE UNICO

Por otro lado, la consejera también se refirió al Consorcio de Transporte Metropolitano y resaltó la «buena acogida» del sistema del billete único desde su implantación en Granada el pasado mes de diciembre, ya que se han vendido más de 25.000 tarjetas, realizándose más de 70.000 recargas semanalmente.

La consejera, que presidió la reunión del Consorcio en la que se abordó la modificación de los estatutos y la entrada de otros ayuntamientos en el consorcio que se beneficien de los servicios que este presta a los ciudadanos de toda el área metropolitana, valoró «satisfactoriamente» el servicio tras las «dificultades iniciales» de su puesta en marcha.

En estos momentos, el Consorcio está trabajando en la mejora del servicio con la implantación de nuevas líneas, como la puesta en marcha hoy de la línea entre Cúllar Vega-Santa Fe-Granada y la mejora de las existentes.

Gutiérrez destacó que todavía no es posible decir que ha habido un «cambio de tendencia», porque aunque se ha observado un aumento significativo del uso del transporte público, «no sabemos si es superior al uso del transporte privado».

Por último, la consejera se refirió a la reunión con el alcalde de Motril, Pedro Alvarez, de la que subrayó que pretendía ser una «puesta en común» de los proyectos para la ciudad, sobre todo en materia de vivienda, accesos al puerto de Motril y desarrollo urbanístico.

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