GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)

El consejo rector del Consorcio de Escuela de Artes Circenses decidió ayer por unanimidad remitir a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) los informes realizados por la Diputación de Granada y por el Consistorio de la capital tras detectar irregularidades en la gestión y un «agujero» económico de más de 30.000 euros, según informó hoy el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Juan García Montero.

García Montero explicó que en el consejo rector en el que están representados cinco concejales del PP, dos del PSOE y uno por CajaGranada, se acordó después de un «pequeño debate» con las dos ediles socialistas, la remisión de los informes a la Cámara de Cuentas y a la fiscalía.

Así, indicó que éstas –Emilia Morcillo y Amalia Carvajal–, plantearon que los informes se remitieran sólo a la Cámara de Cuentas aunque finalmente aceptaron que fiscalía interviniera «dada la urgencia y la gravedad de los informes técnicos», según informó García Montero.

Ante esta situación, el concejal consideró «inaceptable la gestión económica y la ausencia de control y tutela que hasta la fecha ha tenido el consorcio», de la que responsabiliza al PSOE y a la Diputación de Granada, que «en ningún caso ha llevado el control debido».

Denunció, igualmente que la Diputación no nombró a responsables para el control del Circo hasta siete meses después de que quedara a su cargo, por lo que manifestó que «la salida de la Diputación del Consorcio es el resultado de la falta de responsabilidad con el proyecto del Circo».

Para el equipo de gobierno en el Ayuntamiento, responsable ahora del proyecto del Circo, es «inaceptable el funcionamiento y fiscalización habido hasta la fecha lo que ha permitido un campo de cultivo en el que la corrupción ha podido campar sin control».

García Montero informó de que ya se ha nombrado a los funcionarios municipales que velarán por el buen funcionamiento del consorcio y recordó que las instalaciones ahora están custodiadas por la Policía Local a la espera de que se decida entre todos los miembros del consejo rector lo que se va a hacer con las instalaciones.

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