En el informe presentado hoy ante el juez que instruye el caso la Fiscalía aprecia cinco posibles delitos y descarta imputar a ediles

GRANADA, 06 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Granada ha presentado en el día de hoy ante el juez que instruye el caso en el que murió el pasado mes de diciembre en accidente laboral un inmigrante ecuatoriano en las obras de la Cuesta Gómerez un escrito preliminar en el que pide la imputación de dos funcionarios del Ayuntamiento de Granada y cinco empresarios de las subcontratas de esta obra, descartando por el momento la imputación de concejales en el Consistorio granadino.

Según confirmaron desde la Fiscalía de Granada a Europa Press y adelanta hoy la prensa local, en el escrito se pide la imputación siete personas en total por cinco delitos: homicidio imprudente, lesiones o falta imprudente, contra la seguridad en el trabajo «por incumplimiento de la normativa en materia de riesgos laborales»; un delito contra los derechos de los trabajadores, «por la imposición con abuso ante la situación de necesidad de los trabajadores contratados de una condiciones laborales y de seguridad social inadmisibles e incompatibles con la normativa vigente», y un delito de contratación de súbditos extranjeros sin permiso de trabajo «en condiciones que restringen sus derechos».

Los cinco empresarios para los que se pide la imputación pertenecen dos de ellos a la empresa Rehabilitaciones y Demoliciones Granada, empresa que no ejecutó la obra al subcontratar por dos ocasiones, a la empresa Construcciones Hermanos Rodríguez y a Alsa S.L, en los que Fiscalía pide la imputación de dos empresario y uno, respectivamente.

Los funcionarios imputados son el arquitecto técnico designado por el Ayuntamiento de Granada y propuesta por la empresa adjudicataria, y también un jefe de servicio del Ayuntamiento de la capital.

Según estima la Fiscalía del informe de la Inspección de Trabajo se deduce que se han producido diversas infracciones de caracter grave «y por eso entendemos que algún técnico municipal tiene que ser imputado ya que el propio Ayuntamiento pone de manifiesto que hay un servicio que tiene la función de relacionarse con la empresa adjudicataria una vez que se inicien las obras».

Por ello, «en principio y con objeto de esclarecer los hechos hay que imputar a esta persona para que explique que tipo de relación tuvo y que fue lo que pasó en este caso».

Además, se solicita al Ayuntamiento todos los informes que hayan podido surgir de los técnicos municipales y todas las denuncias de particulares que haya podido recibir en este servicio, ya que existen informaciones de particulares que denunciaron irregularidades en las obras.

AYUNTAMIENTO ELUDE PRONUNCIARSE

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Luis Gerardo García Royo (PP), señaló en declaraciones a los periodistas que ha conocido el informe a través de los medios de comunicación y que no tiene «nada» que decir hasta que los letrados del Consistorio que llevan el caso obtengan copia del informe.

Así, García Royo manifestó que hasta que no analicen el informe es «absolutamente aventurado» hacer alguna manifestación.

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