GRANADA, 8 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Granada aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en el pleno celebrado hoy una declaración institucional contra la siniestralidad laboral que trasladará a todos los ayuntamientos de la provincia para que exijan el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en sus respectivos municipios.

La declaración, a la que dio lectura el presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, tras su aprobación por la Junta de Portavoces, advierte del «alarmante e intolerable» aumento de los accidentes laborales en la provincia con 32 siniestros graves o muy graves en lo que va de año, siete de ellos mortales.

La institución ha iniciado una campaña de sensibilización dentro del Pacto contra la Siniestralidad Laboral firmado por sindicatos y empresarios al que se ha unido la institución, para exigir el cumplimiento de la normativa vigente «de manera explícita».

Diputación se compromete a vigilar «el exhaustivo cumplimiento de la Ley como impulsora de obras ya sean de mantenimiento o de nueva construcción», algo que también pide a los consistorios de la provincia «para que pongan los medios necesarios, no realizando contratas que llevan aparejadas consigo la subcontratación en sus acuerdos con empresarios».

Aunque el texto fue aprobado con el voto favorable de los grupos políticos del PSOE, IU y PP, el diputado de esta última formación Antonio Carvajal aseguró que «existe una contradicción entre dicha declaración de intenciones y la política de Diputación», instando al equipo de Gobierno a convocar una reunión de la Comisión de Seguridad de las obras de la institución, que aún no se ha producido en la actual legislatura.

En el pleno también se abordaron otros temas que fueron aprobados por unanimidad tales como el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales y de Carreteras para el año 2005, el Plan Operativo Local Objetivo 1 y el Plan Especial de Inversiones en Municipios con Viviendas Cueva, ya presentados por la institución.

Además se dio luz verde a la modificación del convenio de cesión de uso temporal y gratuito de determinadas dependencias del Palacio de Bibataubín al Consejo Consultivo de Andalucía, entre las que se encuentran el despacho presidencial y su uso compartido, y la enajenación mediante subasta de la parcela ‘La Aurora’ en Los Ogíjares.

También fue aprobada la moción presentada por el Grupo Popular en relación a los «excesivos» costes extrasalariales del Plan de Fomento de Empleo Agrario que soportan los ayuntamientos, proponiendo que se solicite al Ministerio de Trabajo o la Junta de Andalucía la asunción de las cantidades devengadas a las compañías aseguradoras para cubrir las indemnizaciones a los trabajadores.

La única discrepancia entre los dos grupos mayoritarios, PSOE y PP, se produjo en el turno de ruegos y preguntas cuando los segundos reclamaron nuevamente al equipo de Gobierno información sobre diversas actuaciones entre ellas el cese y nombramiento del director del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) y el arreglo de la carretera de Illora, que acabó con un cruce de denuncias en la que los populares acusaron a los socialistas de «falta de transparencia» y éstos a su vez de «faltar a la verdad».

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