GRANADA, 7 (EUROPA PRESS)

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la sanidad catalana a indemnizar con más de 600.000 euros a una mujer, residente en Granada, tras quedar invalida como consecuencia de un uso contraindicado de fórceps durante su primer y único parto en 1988 que le provocó daños en la zona lumbar, según destacó el letrado granadino de la paciente, José Miguel Castillo-Calvín.

En declaraciones a Europa Press, Castillo-Calvín, quien subrayó que dicha sentencia «estima totalmente la demanda que interpusimos», explicó que como consecuencia de esta «mala praxis clínica realizada en el Hospital Clínico de Barcelona» su defendida, que cuenta ahora con 56 años de edad, «se encuentra desde finales de 2003 en silla de ruedas». Este grado de invalidez, precisó, «es uno de los múltiples que presenta y responde a las secuelas del deterioro progresivo que sufre desde hace 16 años, ya que en un principio podía ir con un bastón».

En este sentido, argumentó que a lo largo del proceso judicial «se requirió de un dictamen pericial que determinase si el uso de fórceps fue o no pertinente», algo que la Cátedra de Medicina Legal de Granada, instancia a quien los magistrados le encomendaron dicho informe, concluyó que se trataba de un parto «con indicación absoluta de cesárea, no así el uso de fórceps que se consideró contraindicado y una mala praxis médica».

De igual forma, el letrado granadino señaló que «el mismo Instituto de la Seguridad Social concedió a mi defendida el 29 de junio de 1999 –cuatro años antes de que quedase definitivamente en silla de ruedas–, el estado de incapacidad permanente con grado de ‘gran invalidez’, debido a las agravaciones de sus lesiones».

Así, apuntó que desde 1988 el cuadro clínico de esta mujer y los informes médico-periciales revelan que su estado ha ido empeorando progresivamente hasta derivar «en una paralización de los miembros inferiores, trastorno depresivo grave, incontinencia anal y urinaria, afectaciones neurológicas, fractura de la región sacro-ilíaca, invalidez total, imposibilidad de tener hijos y mantener relaciones sexuales, dificultades en el sueño y permanencia en silla de ruedas».

«Esta relación causa-efecto –consideró Castillo-Calvín–, ha sido determinante para que el TSJC no estimase la prescripción de la responsabilidad del hospital, tesis que sostenía la defensa de la Sanidad catalana», relató.

204.000 EUROS MAS POR INTERESES

Por otra parte, el abogado granadino sostuvo a Europa Press que, además de los 600.000 euros con los que la Sanidad catalana deberá de indemnizar a esta mujer, «habrá que añadir los intereses que se derivan desde que se interpuso la reclamación patrimonial –noviembre de 1997–, que ascienden a 204.000 euros, si bien lógicamente seguirán aumentando y acumulándose hasta que se efectúe el pago».

En cuanto a la posibilidad de que la defensa del sistema sanitario catalán decidiera recurrir esta sentencia, Castillo-Calvín mostró sus dudas a este extremo, ya que, según dijo, «el informe pericial, que es al que de nuevo habrían de remitirse ambas partes, es contundente en sus conclusiones».

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