Las familias usuarias de los centros sociales se sumarán mañana a la protesta con talleres y merienda gratuita en la Plaza del Carmen

GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)

Los trabajadores sociales de la Zona Norte que hoy iniciaron la cuarta jornada de encierro en el salón de plenos del Ayuntamiento de Granada solicitarán entrevistarse con el alcalde, José Torres Hurtado (PP), ante la «falta de entendimiento» con el concejal de Personal, Jaime Sánchez Illescas, a fin de conseguir que el equipo de Gobierno «flexibilice» su postura y acepte la renovación de los 14 contratos del Plan de Barriadas de Atención Social Preferente.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del Comité de Empresa, Manuel Rodríguez, anunció que mañana las familias usuarios de los centros donde ellos trabajan apoyarán sus reivindicaciones con la instalación en la Plaza del Carmen de talleres de manualidades, tatuajes, juegos y canciones.

Se flotarán dos autobuses y participarán unas 200 personas de 17.00 a 19.00 horas, tiempo en el que permanecerán en funcionamiento los talleres. También se ofrecerá una merienda gratuita a los más pequeños con motivo de la celebración el próximo 20 de noviembre del Día Internacional de la Infanciao en la que colaborarán algunas empresas granadinas de alimentación.

La Junta de Personal del Ayuntamiento mostró ayer su apoyo a las reivindicaciones de los 14 empleados que han perdido sus puestos de trabajo en los programas de inclusión social de la Zona Norte, lo que significa que ya cuentan con el respaldo de los cinco sindicatos con representación en el consistorio –UGT, CC.OO, CSIF, SIB y SIPLG–.

Los sindicalistas encerrados, unos 50 que van turnándose en grupos de diez, aseguran haber llegado a «un punto muerto» a la espera de que el Ayuntamiento reciba contestación al fax enviado ayer a la Consejería de Bienestar e Igualdad Social donde le pedía un documento que certifique por escrito que se prorroga el programa de atención social.

Rodríguez acusó a los populares de restar validez al informe de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social en el que la Junta extiende la vigencia del convenio de 2003 hasta marzo de 2005, por estar firmado por el jefe de la Oficina de Planificación y Gestión de la Junta, Juan Cornejo, y no por la propia consejera, Micaela Navarro, una «exigencia excesiva en relación a otros actos o situaciones similares», según el sindicalista.

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