Los sindicatos mantuvieron un encierro durante la mañana para presionar a la Administración a una nueva negociación

GRANADA, 21 (EUROPA PRESS)

La plataforma sindical de Instituciones Penitenciarias constituida por los sindicatos CSI-CSIF, Acaip, CC.OO, CIG, UGT y Usiap-USO en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada) han mantenido un encierro durante esta mañana, –y no durante el día de ayer, como por error, transmitimos en una noticia de nuestro servicio–, en el despacho del director en señal de denuncia por la carga de trabajo y la saturación de internos en la cárcel, como medida de presión a la Administración para negociar mejoras salariales.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del sector de prisiones de CSI-CSIF, Salvador Arias, señaló que este encierro ha venido motivado por el incumplimiento por parte de la responsable de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, en materia de negociación colectiva.

Así, Arias señaló que la propuesta de aumento salarial y de número de funcionarios realizada por la administración «era ridícula», por lo que insisten en una mejora en las condiciones laborales, «porque estamos trabajando en un centro penitenciario con un 160 por ciento más de internos del que corresponde a su capacidad, la plantilla de funcionarios no aumenta y trabajamos con unos 1.600 internos, cuando la capacidad del centro es de 1.008».

El sindicalista manifestó que desde la Administración «nos prometieron que dada la carga de trabajo, el número de internos que estamos soportando, entre ellos internos islámicos y de ETA, iban a intentar mejorar las condiciones económicas, y nos encontramos con una oferta de aumento de 20 euros mensuales».

Los sindicatos presentes en el encierro han elaborado un calendario de movilizaciones en el que a demás de esta medida se incardinan otras con movilizaciones en los centros e incluso huelga legal, para conseguir que el Ministerio del Interior retome el proceso negociador «partiendo de propuestas serias y responsables».

Para los representante sindicales es un «contrasentido» que la directora general que reconoce la «catastrófica situación de las prisiones», al mismo tiempo «no admita que todo el peso de este problema lo llevamos los trabajadores penitenciarios y nos ofrezca una propuesta económica insultante».

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