En la noticia transmitida en nuestro servicio de ayer titulada ‘El juez absuelve al ex presidente del PP de Castril de un presunto delito de calumnas’ se ha deslizado en el titular un error por parte de la fuente informante. Donde indica «ex presidente» debe señalar «presidente», ya que Pedro Soria Quiñones continúa siendo presidente local del PP de Castril, cargo que ostenta desde 1996.

Volvemos a transmitir la noticia una vez corregido el error.

Granada.- El juez absuelve al presidente del PP de Castril de un presunto delito de calumnas

GRANADA, 14 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Penal 6 de Granada ha absuelto al presidente del PP de Castril, Pedro Soria Quiñones, del presunto delito de calumnias del que venía siendo acusado tanto por el Ministerio Público, que solicitaba para él una multa de 2.160 euros, como por la acusación particular ejercida por el entonces secretario accidental del Ayuntamiento de dicha localidad, D.S.G.

Este último solicitó que fuese condenado a 18 meses de prisión así como ser indemnizado con 150.253 euros por las calumnias que a su juicio vertió Quiñones en un escrito que fue publicado por un medio de comunicación granadino en noviembre de 2000, a quien consideraba responsable civil subsidiario junto al PP de Granada.

En dicho comunicado, el líder político le acusaba de haber efectuado edificaciones ilegales en una vía pecuaria, no tener la cualificación ni competencia necesarias para el cargo público que desempeña, y participar en las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas por el entonces equipo de Gobierno local.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, establece que la primera de las acusaciones hace referencia a «hechos», por lo que deben cumplir el requisito constitucional de la «veracidad», aunque recuerda que no le imputaba un delito de prevaricación «por lo que de por sí daría lugar a una sentencia absolutoria».

Asimismo, recuerda que dicha acusación se basaba en las dos licencias, presuntamente irregulares desde el punto de vista administrativo, solicitadas y autorizadas por el propio funcionario público en 1998 y 2001 en relación a una vivienda y la ampliación de otra a nombre de su padre, presentadas por el abogado defensor Pablo Luque, durante el acto del juicio.

En este sentido, asegura que aunque el acusado no llegara a probar sus imputaciones «tampoco se ha llegado a probar la falsedad de las mismas, y menos aún que las efectuara con consciente o temerario desprecio a la verdad».

En relación a las otras dos acusaciones, el juez indica que son «juicios de valor» que se enmarcan dentro del derecho a la libertad de expresión, sin entrar a determinar si son o no ciertas ya que, a su juicio, «las autoridades y funcionarios públicos soportan el que sus actuaciones se vean sometidas al escrutinio de la opinión pública y, en consecuencia, a que no sólo se divulgue información sobre lo que digan o hagan en el ejercicio de sus funciones, sino, incluso, sobre lo que digan o hagan al margen de las mismas, siempre que tengan una directa relación con el desempeño de su cargo».

Además, recuerda que tales imputaciones realizadas por Quiñones «no contienen expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios», y que el propio denunciante tuvo la oportunidad al día siguiente en el mismo de medio de comunicación de contar su versión de los hechos, donde acusa al presidente del PP de Castril de la misma presunta irregularidad.

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