El ex alcalde de la localidad declara que siguió cobrando el canon a la empresa de áridos amparado por una sentencia del TSJA

GRANADA, 13 (EUROPA PRESS)

El ex delegado provincial de Medio Ambiente Manuel Chirosa, que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación por un presunto delito contra el medio ambiente por permitir junto a otros siete acusados la explotación ilegal de una cantera en Padul (Granada), declaró hoy que durante su mandato no llegó a recibir informes en los que se denunciara que la empresa de áridos Millón 48 actuase en terreno no autorizado.

El acusado aseguró que sus decisiones «políticas» venían amparadas por los informes jurídicos y técnicos de Medio Ambiente y que tan sólo se limitó a informar favorablemente sobre un Plan de Restauración en 1998, que no implicaba una ampliación de la actividad extractiva de la empresa, asegurando que dicho Plan era independiente de un informe de impacto medioambiental negativo emitido con anterioridad, ya que afectaba a otra zona de la cantera.

Durante la primera vista oral del juicio, que continuará los días 15,18 y 20 de octubre, declararon cinco de los ochos acusados supuestamente implicados en el caso de la cantera de Padul, clausurada en marzo de 2000 por ocupar 6,3 hectáreas del Parque Natural de Sierra Nevada, consideradas Reserva de la Biosfera.

Entre ellos se encuentra el ex alcalde de la localidad Cipriano Duarte (IU), quien tres meses después de llegar al poder denunció los hechos ante la Consejería de Medio Ambiente. Sin embargo, el fiscal pide para él un año de cárcel por haber supuestamente permitido que continuase la actividad, pese a conocer que existía un informe desfavorable y que la empresa se estaba extralimitando de lo acordado en el contrato de aprovechamiento firmado con el Ayuntamiento, en virtud del cual cobraba un canon de 17 pesetas por cada tonelada métrica de material extraído.

Duarte, que en todo momento estuvo arropado por el coordinador provincial de IU, Pedro Vaquero, la actual alcaldesa de la localidad, Teresa Martín, y otros miembros de su formación política, aseguró que no actuó antes por las limitaciones de medios materiales y humanos del consistorio, y la «complejidad del tema».

Asimismo, indicó que el Ayuntamiento no era la administración competente para clausurar la actividad, reconociendo que el canon se cobró hasta la finalización del contrato con la empresa en 1999 «amparado por una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía donde avalaba la legalidad del contrato así como la existencia de controladores municipales en las extracciones».

INFORME

Por su parte, el también acusado Andrés Gutiérrez, entonces ingeniero técnico de Minas y director facultativo de la empresa, aseguró no tener conocimiento de que ésta se hubiera extralimitado en las 5,38 hectáreas establecidas en el Plan de Restauración, dudando de la fiabilidad del informe de Medio Ambiente donde se cifraba en 6,3 «ya que lo realizó un técnico no titulado, sin el instrumental necesario y sin que, aún hoy, exista una delimitación en la zona entre monte público y terreno privado».

Los responsables de la empresa, Ana María R.R., profesora de Instituto, y Antonio R.R., empleado de banca, para quienes el Ministerio Público pide cuatro años de prisión por un delito contra el medio ambiente con la agravante de desobediencia, aseguraron que el inicio de la cantera se remonta a 1982, siete años antes de recibir la declaración de Parque Natural, y que por aquella época no era necesario el informe de impacto medioambiental.

Ambos sostuvieron que contaron en todo momento con las preceptivas licencias urbanísticas y de apertura y que han cumplido «con el visto bueno de la administración» el 99 por ciento de la restauración exigida en la que han invertido «más de 38 millones de pesetas». Aseguraron que los dos figuraban como administradores de la empresa pero que quien se encargaba de la dirección y la gestión a pie de cantera, era su padre y los técnicos.

Ana María llegó a declarar que su padre, en quien «confiaba plenamente porque en 30 años no tuvo ningún problema», operaba en su nombre amparado en un poder notarial, hasta que los hijos decidieron crear una sociedad anónima ante el «grave deterioro de su salud», ya que padecía Parkinson y demencia senil.

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