GRANADA, 8 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz por IU Pedro Vaquero salió hoy en defensa del ex alcalde de la localidad granadina de Padul entre 1997 y 2003, Cipriano Duarte, que el próximo miércoles se sentará en el banquillo de la Audiencia como autor de un presunto delito contra el medio ambiente en relación a una cantera del municipio y para quien el fiscal solicita un año de prisión, dos de inhabilitación y multa de 2.160 euros.

Vaquero sostuvo en rueda de prensa que Duarte «ha sido el único alcalde que intentó poner orden en las canteras dedicadas a la extracción de áridos denunciando el caso», considerando que su procesamiento significa que «el mundo está al revés» porque, a su juicio, es la ex alcaldesa del PSOE quien debería estar implicada.

Por su parte, la actual primer edil de Padul, Teresa Martín (IU), concejal el equipo de Gobierno de Duarte por esas fechas, recordó que el Consistorio «intentó ordenar la situación heredada por las anteriores formaciones políticas y buscar una alternativa a las canteras», afirmando que los paduleños «saben que Cipriano Duarte sólo buscó salvaguardar el patrimonio natural y los recursos económicos del pueblo».

EL EX DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE, TAMBIEN ACUSADO

La Fiscalía de Granada ha solicitado penas que oscilan entre cuatro y un año de cárcel para otros siete acusados en el caso de la cantera de Padul, clausurada en marzo de 2000 por ocupar 6,3 hectáreas del Parque Natural de Sierra Nevada, consideradas Reserva de la Biosfera.

Entre los acusados que comparecerán en la Audiencia el próximo 13 de octubre se encuentra el delegado de Medio Ambiente entre 1994 y 1997, Manuel C.R., para quien el fiscal pide cuatro años y un día de prisión, cinco de inhabilitación y multa de 4.500 euros por un delito contra el medio ambiente.

El Ministerio Público considera que pese a conocer que la cantera había merecido la declaración de impacto ambiental negativo, «no actuó en consecuencia ante la ausencia de las autorizaciones oportunas ni acordó clausurar la actividad», firmando un informe favorable a un Plan de Restauración «que sólo sirvió de pantalla formal para continuar el desarrollo de la actividad depredadora con el consiguiente perjuicio económico».

El escrito fiscal también acusa al entonces jefe del Departamento de Minas de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Angel T.G., y dos asesores técnicos de la misma, José F. M. y Agustín F.M., para los que solicita 2.160 euros de multa y siete años y tres meses de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Para los responsables de la empresa Aridos Millón 48, Ana María y Antonio R.J., y Andrés G.M., el fiscal solicita entre cuatro y un año de cárcel y multas de hasta 4.320 euros por un delito ecológico contra el medio ambiente, considerando a los dos últimos autores en su vertiente agravada de desobediencia a la autoridad administrativa.

Según el relato fiscal, la empresa explotó la cantera existente en el paraje conocido como Motrilejos del Monte, ubicada en el término municipal de Padul y próxima a la N-323, hasta el Juzgado de Instrucción 6 suspendió su actividad el 1 de marzo de 2000.

Hasta esa fecha, los acusados «con ánimo de lucro e indiferentes al perjuicio ecológico que pudieran causar» explotaron o permitieron la explotación de 6,3 hectáreas de monte público superior, introduciéndose en el Parque Natural de Sierra Nevada, «generando una pared de roca prácticamente vertical de una altura aproximada de cien metros» que no sólo destruyó parte del monte, llegando a cambiar el trazado de uno de los caminos, sino arrasando la flora y fauna existente en una zona declarada Reserva de la Biosfera.

Y todo ello, según el Ministerio Público, a pesar de existir un informe de impacto ambiental desfavorable, no contar con la licencia urbanística municipal del Ayuntamiento de Padul que fue denegada, haber expirado su licencia de ocupación de monte público, y habiendo actuado contrariamente al Plan de Restauración exigible.

Tal actuación, que se prolongó durante una década, violó a juicio del fiscal la Ley de Protección Ambiental, la Ley de Minas, la Ley de Creación de la Agencia de Medio Ambiente en relación a los espacios naturales protegidos, la Ley del Suelo y el Reglamento de Disciplina Urbanística, además de otras normativas vigentes.

El fiscal acusa a los responsables de la empresa de «desobedecer» las resoluciones judiciales y mandatos emitidos para la paralización de la actividad, y al resto de los funcionario públicos de permitir que siguieran con ella.

Señala que incluso el ex alcalde llegó a contratar controladores de la extracción, aunque finalmente denunciara los hechos ante la Consejería de Medio Ambiente, y que los técnicos de Minas primero realizaron un primer informe desfavorable y luego otro aprobando un Plan de Restauración a favor a la ampliación de la cantera como recurso minero.

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