GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha archivado el expediente de queja presentado por los padres de los enfermos mentales internos en el Centro Psicopedagógico Reina Sofía de Armilla sobre el deficiente funcionamiento del mismo, tras descartar la existencia de infracción alguna y constatar que muchas de las medidas reclamadas por los familiares ya se han puesto en marcha por la Diputación Provincial, gestora del centro.

Según informó hoy la Diputación a través de un comunicado, con el archivo del caso «se elimina cualquier duda que los padres en su ejercicio legítimo pudieran tener sobre el funcionamiento del centro y deja patente la profesionalidad de los trabajadores», que según la institución, «realizan una labor vocacional difícil, como es la rehabilitación de personas con una discapacidad mental severa».

La queja fue formulada el pasado mes de julio después de que un interno agrediera a otro en el cuello con un cuchillo en la sala de estar de la unidad de salud mental, y aunque ha sido archivada, los responsables del centro han iniciado una serie de mejoras en el mismo para responder a la demanda de los padres, entre ellas la identificación del personal, la climatización de las habitaciones, y la instalación de rejas para evitar accidentes.

Otras como la estabilidad laboral del personal se pondrán en marcha en breve en la unidad de «enfermos profundos» y se extenderá al resto de las áreas a través de distintas ofertas de empleo ofrecidas por la Diputación.

La institución provincial subraya en el comunicado que algunas de las reivindicaciones de los familiares, como las referidas al vestuario, y la falta de personal cualificado eran infundadas, tal como lo demuestra el informe del Defensor del Pueblo, tras examinar la documentación y haber visitado el centro.

Así, recuerda que el centro es uno de los pocos de España que tiene servicio de suministro de ropa y calzado y su propia lavandería en los que Diputación invierte una media anual de 1,061 euros por usuario, a través de un proceso de selección que se adapta a las necesidades de cada residente y que incluye lavado, planchado, doblado y distribución.

Diputación asegura que el número de funcionarios «está por encima del máximo exigido», su cualificación profesional es la adecuada y existe una fisioterapeuta, en contra de los manifestado por los familiares de los internos. Además, señala que facultativos de la plantilla de los centros sociales ejercen una atención médica de 24 horas los 365 días al año a los 164 internos con discapacidad intelectual, 124 de ellos gravemente afectados.

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