La Delegación tramitó en el primer semestre del año 698 expedientes, la mayoría en materia de caza

GRANADA, 17 (EUROPA PRESS)

La Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada ha iniciado una campaña de revisión de los expedientes sancionadores incumplidos que contempla multas diarias a particulares, empresas e instituciones, y la posibilidad de denunciarlos ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por un presunto delito de desobediencia.

Así lo anunció hoy en rueda de prensa el máximo responsable de la delegación, Gerardo Sánchez, quien alertó del aumento de empresas que tras pagar la sanción económica correspondiente por cometer un delito medioambiental no han cumplido con las obligaciones derivadas de estos expedientes, entre ellas la restauración de la zona deteriorada.

Sánchez indicó que la Junta instará a todos los sancionados a cumplir con esta medida y que de persistir en su incumplimiento, los expedientes serán remitidos en breve a la Fiscalía «para que tome cartas en el asunto», con el objetivo de que «nadie tenga la sensación de que pagando una multa su deuda está saldada, sino que tiene la obligación de restaurar la zona afectada devolviéndola a su estado original».

Asimismo, advirtió del aumento de expedientes abiertos a municipios, especialmente en la costa y la zona alpujarreña de la Contraviesa, por delitos medioambientales, sobre todo, por la existencia de vertederos incontrolados de residuos sólidos que suponen un factor de riesgo de incendios forestales.

Hasta el momento, son varios los ayuntamientos que han sido sancionados, entre ellos el de Salobreña, destacando el «alto índice de sentencias favorables» a la administración autonómica, que advirtió de que perseguirá estos delitos «sea cual sea el color político del ayuntamiento».

TRAMITADOS 698 EXPEDIENTES EN EL PRIMER SEMESTRE

La Delegación Provincial de Medio Ambiente tramitó en el primer semestre del año un total de 698 expedientes sancionadores frente a los 2.748 de 2003, una cifra comparativamente inferior dado el gran número de denuncias registradas el año pasado por aparcamientos ilegales en la Playa de Cantarriján, en el paraje natural conocido como Cerro Gordo.

La mayoría de los expedientes iniciados en los seis primeros meses de 2004 se refieren a delitos en materia de caza donde se producido un incremento considerable de ciudadanos sancionados con domicilio en otras provincias limítrofes como Jaén, Almería y Málaga, y otras comunidades como Valencia y Cataluña, que acuden a practicar este deporte en la provincia aprovechando las vacaciones estivales.

En total se iniciaron 252 expedientes, frente a los 201 del año pasado, 220 por denuncias efectuadas por la Guardia Civil, 21 por guardas de coto, ocho por agentes de Medio Ambiente y las tres restantes por técnicos del Servicio de Gestión del Medio Natural, dependiente de la Consejería.

En materia de protección ambiental, el número de expedientes se eleva a 143, lo que supone un incremento importante con respecto al año pasado que se situó en 43, consecuencia del incumplimiento de las declaraciones que las empresas con un alto índice de contaminación específico deben realizar de manera obligatoria en el Servicio de Protección Ambiental.

En pesca se abrieron 43 expedientes, frente a los 69 de todo el año anterior, por el aumento de las denuncias a ciudadanos de origen chino y rumano que practican la pesca en pantanos de la provincia.

En el apartado de residuos, se tramitaron en el primer semestre un total de 73 expedientes (129 en 2003); en materia forestal 99 (129 el año pasado); en espacios naturales protegidos 56 (739 en 2003, la mayoría por aparcamientos ilegales en la Playa de Cantarriján); en especies protegidas de la flora y fauna silvestres fueron 10 (47 en 2003); en vías pecuarias, cuatro frente a los 11 del año pasado; y en costas 15 expedientes, tres más que el total registrado en 2003.

La Delegación de Medio Ambiente cuenta con 133 agentes dedicados a las labores de inspección y 14 funcionarios, entre técnicos y personal administrativo, en materia sancionadora, además de la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, colectivos ecologistas y guardas de cotos de caza.

Gerardo Sánchez calificó la normativa medioambiental andaluza como «avanzada y completa» y advirtió de su gran capacidad sancionadora, ya que contempla multas de hasta 1,2 millones de euros en el vertido de residuos, hasta 300.000 euros en materia de caza, y un máximo de 150.000 euros en los casos más graves que atenten contra la protección ambiental.

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