GRANADA, 14 (EUROPA PRESS)

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, abogó por la implantación de una ley que regule el uso de las líneas telefónicas de tarificación adicional y evite el vacío legal existente en la lucha contra los fraudes telefónicos a través de los números 906, 803, 806, 807 y 907, de los que la Guardia Civil investiga actualmente 400 casos en toda Andalucía, 51 de ellos en la provincia de Granada.

En declaraciones a Europa Press, García Calderón indicó que hasta que no haya una normativa al respecto que defienda al consumidor la mejor «herramienta» para luchar contra este tipo de fraudes, cada vez más numerosos, es la información al usuario.

Tras las numerosas denuncias de estos recibidas en los ayuntamientos, las oficinas de consumo y otros puntos oficiales, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha iniciado una investigación a instancias de la Fiscalía del TSJA y de la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, que ha dado lugar a la detección de más de 400 fraudes, uno en Almería, 26 en Cádiz, 42 en Córdoba, 51 en Granada, 57 en Jaén, 44 en Málaga, y 16 de ellos en Sevilla.

Asimismo, ha procedido a la detención y puesta a disposición judicial de los responsables de cuatro empresas relacionadas con el uso irregular de llamadas y conexiones a Internet a través de los números 800 y 900. Según García Calderón, todos estos fraudes masivos se verán en un único proceso judicial «ante la evidente conexión entre ellos».

Las estafas detectadas suelen englobarse en dos tipos: aquellos en los que al llamar al número se promete algún tipo de recompensa o premio a la víctima, donde el operador alarga la llamada con preguntas repetitivas, y otros donde, sin conocimiento del usuario, se cambian los nodos de conexión a Internet al proveedor.

Los números de tales líneas son adjudicadas por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones a operadoras telefónicas que, a su vez, contratan con terceras personas o empresas su explotación, siendo estas últimas quienes obtienen la mayor parte del rendimiento económico que producen, abonando los usuarios el servicios a través de los recibos que les factura la compañía que le suministra el paquete básico.

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