GRANADA, 8 (EUROPA PRESS)

La Sección Primera de la Audiencia de Granada ha desestimado la petición de las defensas y del Ministerio Fiscal de anular el juicio contra el ex alcalde de La Zubia, cuatro de sus concejales, el técnico municipal y el propietario de la entidad Forjados ‘La Azucena’, acusados por un vecino de la localidad por presuntas irregularidades en la concesión para la construcción de una hormigonera en terrenos protegidos de La Vega.

En el auto dictado por la Audiencia se acuerda que el proceso debe continuar y se debe producir un nuevo señalamiento para la celebración de un juicio oral, por lo que se desestima la petición de nulidad por falta de requisitos de la acusación.

El propio Ministerio Público apoyó la solicitud de anulación de las actuaciones planteadas por las defensas de los siete acusados aduciendo motivo de indefensión en las alegaciones previas al existir sobrecarga acusativa por no haberse personado o formalizado en forma la acusación particular.

Según alegaron los abogados defensores antes del inicio del juicio, el denunciante Alejandro A.L.C., «no es ofendido ni perjudicado» por los presuntos delitos, como lo demuestra el hecho de que no haya reclamado indemnización alguna, por lo que debió personarse como acusación popular «en representación del interés colectivo» o haber interpuesto una querella contra los acusados «y no una simple denuncia».

El denunciante, interpuso asimismo un recurso contencioso-administrativo contra la concesión de la licencia de obras y la declaración de interés social, momento en el que el Ayuntamiento de La Zubia acordó presentar alegaciones al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), modificando la calificación que en él se otorgaba a la referida parcela.

Para el alcalde la acusación particular solicita ocho años de cárcel, 70.291 euros de multa y 33 años de inhabilitación, mientras que para el promotor pide un año y medio de prisión, dos de inhabilitación y la demolición de las obras, y para el resto de los acusados, multas que sobrepasan los 16.000 euros y hasta ocho años de inhabilitación.

Miembros de Ecologistas en Acción también denunciaron las obras de la hormigonera ‘La Azucena’ ante la Consejería de Medio Ambiente en noviembre de 2000, argumentando que la licencia para la construcción estaba basada en «datos falsos» proporcionados por los promotores para conseguir «la Resolución de Informe Ambiental dictaminado por la Comisión Interdepartamental de Medio Ambiente de 22 de octubre de 1997», aunque finalmente decidieron no personarse en el proceso.

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