GRANADA, 15 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo (TS) no ha admitido el recurso de casación interpuesto por el ex edil y portavoz del PP de la localidad granadina Pedro Martínez, Manuel Vílchez Troya, condenado por la Audiencia Provincial a seis años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, otro de lesiones imprudentes y un tercero de tenencia ilícita de armas con la atenuante de reparación del daño, al considerar que no respeta el relato de hechos probados de la resolución recurrida.

Según el auto de inadmisión de la Sala de lo Penal del TS, facilitado a Europa Press, los hechos por los que el entonces concejal fue condenado se remontan al 11 de marzo de 2000, cuando discutió con Antonio Rodríguez, policía nacional en segunda actividad y militante del PSOE, en el bar ‘La Bodeguilla’ de la mencionada localidad.

La sentencia emitida por la Audiencia de Granada el 28 de noviembre de 2002, establece como probado que tras la discusión, Vílchez volvió al local portando una pistola semiautomática del calibre 6,35, de la que tenía licencia, apuntando con ella a su oponente mientras la amenazaba diciéndole que «le iba a vaciar los sesos», tal como adelantó hoy el diario La Opinión de Granada.

En ese momento se inició un forcejeo entre ambos, durante el cual se disparó un tiro que alcanzó a un cliente, Celedonio M.S., que resultó herido en el tórax y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, tardando en curar 103 días de los cuales siete estuvo hospitalizado, quedándole como secuelas un síndrome depresivo postraumático, hipotrofia de los músculos del hombro derecho y cicatriz de dos centímetros en el mismo.

El acusado fue condenado a seis años de prisión, siete fines de semana de arresto y al pago de una indemnización de 9.000 euros para la víctima por los daños físicos y de 1.800 para Antonio Rodríguez por el daño moral causado.

Vílchez recurrió la sentencia en base a un único motivo por infracción de ley, solicitando que sea condenado por un delito de lesión imprudente «ya que no tenía intención de causar un resultado lesivo, sólo de intimidar con el arma». Asimismo, pidió una rebaja de dos grados en la pena, y no uno, por haber consignado previo al juicio 3.500 euros como reparación del daño causado.

Según el TS el acusado, guardia civil jubilado, «era consciente de la situación de riesgo generada para la vida de las personas que se encontraban en el bar, por lo que en ningún caso puede ser calificada la acción como imprudente», no sólo porque conocía que la pistola tenía estropeado el seguro y por tanto se disparaba fácilmente, sino porque «no la soltó a pesar de que varios clientes se le habían aferrado a la mano para que desistiera».

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