El Ministerio Fiscal y las defensas solicitaron la expulsión de la acusación particular por un error de forma

GRANADA, 24 (EUROPA PRESS)

La Audiencia de Granada ha suspendido ‘sine die’ el juicio que hoy dio comienzo contra el ex alcalde de La Zubia (Granada), Graciliano Arenas (PP), cuatro de sus concejales, el técnico municipal y el propietario de la entidad Forjados ‘La Azucena’, acusados por un vecino de la localidad por presuntas irregularidades en la concesión para la construcción de una hormigonera en terrenos protegidos de La Vega, hasta estudiar una posible anulación de las actuaciones por defecto en la personación de la acusación particular, solicitada por Fiscalía y defensas.

La acusación, cuya participación en el proceso se ha puesto hoy en tela de juicio, solicita cinco años y medio de cárcel, multas de 86.491 euros y 35 años de inhabilitación en total por dos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho en relación a la licencia municipal de obras concedida por la anterior corporación municipal de La Zubia a la empresa de forjados el 23 de abril de 1998 para la construcción de una fábrica de cementos, ya que la anterior, construida en el centro de la localidad, fue clausurada por el Juzgado, tras las numerosas manifestaciones en contra de los vecinos.

Según manifestó Arenas a los medios de comunicación antes del inicio de la vista oral, las protestas y la resolución judicial obligó al pleno a reubicar la hormigonera fuera del casco urbano, en la parcela 4 polígono 4 de La Zubia, una zona «clasificada en el PGOU de la localidad como suelo no urbanizable de protección común, dado su alto valor agrícola.

La Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía emitió un informe desfavorable sobre dicha concesión de interés social, aunque al no ser vinculante fue aprobado por la comisión de Gobierno, cuyos miembros se sientan ahora en el banquillo. Según Graciliano Arenas, «todo se hizo correctamente y tal como marcaba la ley», por lo que se mostró «sorprendido de verse envuelto en un juicio que no tiene razón de ser», recordando que el propio Ministerio Fiscal no se ha personado al considerar que no hay indicios de delito.

El propio Ministerio Público apoyó la solicitud de anulación de las actuaciones planteadas por las defensas de los siete acusados alegando motivo de indefensión en las alegaciones previas al existir sobrecarga acusativa por no haberse personado o formalizado en forma la acusación particular.

Según los abogados defensores, el denunciante Alejandro A.L.C., «no es ofendido ni perjudicado» por los presuntos delitos, como lo demuestra el hecho de que no haya reclamado indemnización alguna, por lo que debió personarse como acusación popular «en representación del interés colectivo» o haber interpuesto una querella contra los acusados «y no una simple denuncia». Tras una hora de deliberación, el tribunal decidió aplazar el juicio «para estudiar mejor la propuesta formulada ante la complejidad del caso».

Por su parte, la acusación se mantuvo firme en la denuncia presentada, asegurando que a pesar del carácter urbanizable del suelo, y del informe desfavorable de la Junta, la anterior corporación decidió conceder la licencia suscribiendo un convenio con el promotor, por el que esta entregaría al consistorio 27.000 euros o en su defecto, materiales de construcción por este valor.

El denunciante, interpuso asimismo un recurso contencioso-administrativo contra la concesión de la licencia de obras y la declaración de interés social, momento en el que el Ayuntamiento de La Zubia acordó presentar alegaciones al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), modificando la calificación que en él se otorgaba a la referida parcela.

La fábrica está actualmente «a medio hacer», según Graciliano Arenas, ya que las obras fueron paralizadas judicialmente por el Juzgado de Instrucción 6 de la capital, que llevó el caso. Para él la acusación particular solicita ocho años de cárcel, 70.291 euros de multa y 33 años de inhabilitación, mientras que para el promotor pide un año y medio de prisión, dos de inhabilitación y la demolición de las obras, y para el resto de los acusados, multas que soprepasan los 16.000 euros y hasta ocho años de inhabilitación.

Miembros de Ecologistas en Acción también denunciaron las obras de la hormigonera ‘La Azucena’ ante la Consejería de Medio Ambiente en noviembre de 2000, argumentando que la licencia para la construcción estaba basada en «datos falsos» proporcionados por los promotores para conseguir «la Resolución de Informe Ambiental dictaminado por la Comisión Interdepartamental de Medio Ambiente de 22 de octubre de 1997», aunque finalmente decidieron no personarse en el proceso.

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