El director general de Aguas denunció la existencia de 5.000 hectáreas en la Zona Norte abastecidas por pozos ilegales

GRANADA, 17 (EUROPA PRESS)

El director general de Aguas, Juan López Martos, aseguró hoy en rueda de prensa que la costa granadina puede soportar 5.000 hectáreas más de regadío además de las más de 14.000 ya existentes con el caudal regulado por la Presa de Béznar y la de Rules, –el 80 por ciento del agua del río Guadalfeo, unos 200 hectómetros cúbicos–, indicando que esta última estará en funcionamiento en un año tras la implantación de un plan de emergencia, ya aprobado.

López Martos, que se reunió en Granada con los representantes de las administraciones local y autonómica, así como los colectivos de regantes de la zona, indicó que los usuarios no tendrán problemas de restricciones de agua, aunque dijo que para ello será necesaria «una correcta ordenación del territorio que haga compatible el riego con el turismo de la zona».

En este sentido, aseguró que los retrasos para la puesta en funcionamiento de la Presa de Rules son de carácter burocrático «y no en relación a las obras o al proyecto de la CHS», en respuesta a las últimas declaraciones de la Comunidad de Regantes de la Costa denunciando que se desembalsan al mar de 5.000 litros de agua por segundo, sin que el mencionado proyecto tenga aún fecha de aprobación.

Según López Martos, el plan de emergencia, exigido por Protección Civil, está ya aprobado «y en un año se podrá implantar después de perfilar algunos detalles», indicando que los estudios técnicos de la CHS «también están muy avanzados, con un diseño general de todo el proyecto, para garantizar el agua en la costa, tanto a la población habitual como a la estival, y para aumentar sustancialmente el número de regadíos, siempre que este incremento sea ambientalmente aceptable y los costes, asumibles».

Los municipios, colectivos e instituciones afectados por el abastecimiento del agua en la costa tropical y la Zona Norte de la Provincia han acordado constituir sendas mesas de trabajo lideradas por la Confederación Hidrográfica del Sur (CHS) que se reunirán periódicamente a fin de informar puntualmente a los usuarios del trabajo que se está llevando a cabo y de «poner sobre la mesa sus demandas».

Según López Martos, «este nuevo modo de trabajo es la única forma de solucionar los problemas de abastecimiento de agua en zonas como la costa de Granada o la comarca de Baza-Huéscar donde no va a llegar el trasvase del Ebro».

POZOS ILEGALES EN BAZA-HUESCAR

El director general de Aguas también se reunió hoy con las instituciones y colectivos afectados por el abastecimiento de agua en la comarca de Baza-Huéscar, una zona donde los problemas «son de más difícil solución», ya que «durante años no se ha cuidado el control de acuíferos y han proliferado los pozos ilegales que chocan con la planificación de nuevos regadíos establecido por las Administraciones públicas».

Según López Martos, existen entre 4.000 y 5.000 hectáreas de regadíos abastecidas por pozos ilegales en la Zona Norte de la provincia «que habrá que estudiar si se pueden o no legalizar, ya que muchos de ellos pueden afectar a derechos de terceros o a acuíferos que no son capaces de mantener su consumo».

El Plan de Riego de la zona data de 1979 y, aunque «se han realizado numerosas infraestructuras como la Presa del Portillo y el Canal de Jabalcón», otras han sido inviables por problemas medioambientales como el trasvase desde la zona del Portillo a San Clemente, en Baza, «por lo que han proliferado pozos ilegales para abastecer a los 13 municipios afectados».

López Martos aseguró que las hectáreas de nuevo riego previstas en el Plan «ya existen», sin embargo, no están distribuidas de forma homogénea quedando algunos polígonos industriales desabastecidos, una situación «que ni la iniciativa privada ni la pública han podido aún resolver».

En relación al Canal de Castril, a cuya puesta en funcionamiento se oponen la mayoría de los municipios colindantes con los que el responsable la Administración central se reunió hoy, aseguró no se harán las obras «en contra de la posición de los ciudadanos ni en contra de la legalidad medioambiental».

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