El empresario granadino asegura que pagó su deuda a Hacienda y que todo se debe a un error de «interpretación»

GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)

El empresario granadino José Avila Rojas negó hoy en su declaración en el Juzgado de Instrucción 4 de la capital que incurriera en los dos delitos contra la Hacienda Pública que le imputa el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, castigados con penas de uno a cuatro años de prisión, tras realizar dos operaciones inmobiliarias en Marbella (Málaga), en las que supuestamente defraudó a la Agencia Tributaria más de 3,1 millones de euros.

Según declaró a los medios de comunicación a su salida del juzgado, la supuesta defraudación referida a la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 2001 y 2002, «ya fue abonada en su momento», mientras que la segunda del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), «es un error de interpretación», ya que al haber actuado en las mencionadas operaciones mercantiles a título particular y no en nombre de su empresa, no estaba a obligado a declarar dicho impuesto.

El empresario se mostró «confiado» en que el juzgado decretará el sobreseimiento de la causa, al igual que su abogado defensor, el letrado granadino, Jesús Cantal, quien aseguró a los medios de comunicación que pedirá el archivo de la misma «si antes no es solicitado por las acusaciones públicas», como así lo espera.

Cantal señaló que las operaciones realizadas se «ajustaron a la legalidad fiscal», indicando que «se han producido interpretaciones diferentes entre la Agencia Tributaria y la asesoría fiscal de Avila Rojas», en relación al momento de satisfacer el pago de la Renta de 2001 y la obligatoriedad de que dichas operaciones mercantiles estuvieran gravadas por el IVA de 2001 y 2002.

Para argumentar su defensa, el empresario granadino aportará a las diligencias previas que se están llevando a cabo un informe realizado por «personas de reconocida solvencia», entre ellos catedráticos universitarios, «que avalarán que esa deuda se regularizó en su momento y que no hay ningún tipo de declaración punible ni penal ni fiscalmente».

El letrado indicó que el expediente de inspección tributaria prescribió en el tiempo por lo que la supuesta deuda habría también prescrito. Sin embargo, un informe de la Agencia Tributaria presentado la semana pasada subrayaba la vigencia de la deuda contraída con el Estado.

Las operaciones mercantiles que suponen la base del presunto fraude fiscal se refieren a la compra en mayo de 2001 de una finca en Marbella y a la venta en junio de 2002 de unos terrenos también en la localidad malagueña. Según la querella de la Fiscalía, en el primer caso la compra se realizó al 50 por ciento entre el empresario y una filial de su grupo inmobiliario por tres millones de euros, mientras que en el segundo, el imputado recibió el 50 por ciento por su participación en la operación, unos 3,8 millones de euros.

Según la Fiscalía, el empresario no reflejó en su autoliquidación del IVA de 2001 y 2002 estas operaciones ni declaró el beneficio obtenido en ambasen la Declaración de la Renta. Tras la advertencia de la Agencia Tributaria al detectar el impago de impuestos, interpuso una denuncia contra José Avila Rojas que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) rehusó tramitar, presentado querella en el juzgado de Granada el 20 de enero de 2004. Tras determinar la competencia de los juzgados de Marbella o los de Granada, finalmente es el Juzgado de Instrucción 4 de la capital granadina el que lleva la investigación.

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