GRANADA, 10 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Primera Instancia 4 de Granada ha absuelto a la Caja Rural de las presuntas irregularidades cometidas en la elección de su actual Consejo Rector, desestimando así íntegramente la demanda interpuesta por dos socios miembros de la candidatura rival, Antonio Rodríguez Villegas, ex secretario del Consejo, y José Antonio Bustos, a quienes condena a pagar las costas del proceso.

La sentencia, que podrá ser recurrida en un plazo de cinco días ante la Audiencia de Granada, considera que el acuerdo alcanzado por el Consejo Rector el 16 de marzo de 2002 y posteriormente ratificado por la Asamblea General de la entidad validando la candidatura de Federico Hita, actual presidente de la Caja, no puede declararse nulo, ya que fue adoptado por un órgano competente para ello en un momento donde se produjo un «crisis verdaderamente anómala no prevista en los estatutos de la entidad» que hubo de resolverse «ante un posible vacío o abuso de poder».

La titular del juzgado, Adela Frías, considera que la situación creada «necesitaba de una solución urgente», reconociendo las «excepcionales y anómalas circunstancias» que concurrieron en la persona de los tres interventores que anularon la candidatura de Hita «ya que todos ellos eran miembros de la candidatura rival que se presentaba para su reelección», indicando que tales argumentos no eran válidos «tras el interrogatorio de las partes, abundantes documentales y múltiples testificales» que han concurrido en el proceso.

Asimismo, sostiene que «en modo alguno hubo falta de información y documentación para la parte demandante», indicando que «no hubo protesta formal expresa altuna al tiempo de la celebración de la Asamblea», ni por «defectos de información alegados en la demanda ni de alteración u omisión de requisitos formales de convocatoria», por lo que también rechaza la pretensión de los demandantes de declarar nulos los acuerdos posteriores del Consejo Rector, algo que a juicio del presidente de la entidad hubiera significado «la ruina para el sistema financiero de Granada».

Los hechos denunciados se remontan al mes de marzo de 2002 después de que el Consejo de la entidad rechazara la candidatura propuesta por el entonces presidente, Antonio Luis Romero. Tanto éste como Hita encabezaron dos candidaturas rivales que fueron invalidadas por los interventores, la primera de ellas por un defecto en las firmas que la avalaban, y la segunda por incluir en sus listas a Antonio Martín Valverde, que según un informe emitido por la dirección, no podía ostentar el cargo de consejero al ser representante de una cooperativa oleícola que mantenía con la Caja un préstamo impagado.

Las elecciones y la rivalidad entre ambas candidaturas, una liderada por Hita y la otra por su antecesor en el cargo ha probado que la Caja se vea envuelta en tres procesos judiciales, dos de los cuales ya se han resuelto a su favor.

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