Diez de las 18 chicas reconocieron haber trabajado en el club de Motril nueve horas diarias sin contrato ni permiso de residencia

GRANADA, 7 (EUROPA PRESS)

El Ministerio Fiscal ha mantenido hoy las penas de entre seis y 13 años de cárcel para los tres acusados, dos propietarios de un conocido club de alterne de Motril (Granada), Antonio E.R. y Serafín M.C., y su supuesta cómplice, Svetlana B., por introducir ilegalmente en el país a súbditas rusas como turistas bajo falsas promesas de trabajo para que ejercieran la prostitución en su local.

Durante la segunda vista oral del juicio, que ha quedado hoy visto para sentencia, el fiscal solicitó por dos delitos continuados contra el derecho de los trabajadores y otro de asociación ilícita multas superiores a los 20.000 euros y que los dueños del establecimiento indemnicen con 3.000 euros a 13 de las 18 jóvenes que denunciaron los hechos, tras la inspección realizada en el local por la Policía Nacional el 23 de enero de 2002.

Según el representante del Ministerio Público quedó «claramente probado» durante el juicio que las chicas cobraban un porcentaje determinado por cada actividad, mientras que la dirección se quedaba con el resto, algo más de la mitad, además de cobrarles el alquiler de sus pisos y el dinero que invirtieron en su viaje clandestino de Rusia a España haciéndolas pasar por turistas.

En este sentido, indicó que los propios dueños del club reconocieron que mantenían una relación laboral con las chicas, lo que a su juicio determina la existencia de un delito contra el derecho de los trabajadores «que es continuado porque existieron tantos delitos como mujeres iban captando».

Para «abastecerse del personal necesario para su club», los dos propietarios contaban con la colaboración de la joven rusa también acusada como enlace, y un tercero residente en Rusia al que enviaban el dinero para la compra del billete de avión y la documentación necesaria, en total 30.000 euros entre el 11 de enero y el 26 de diciembre de 2001, «periodo de mayor actividad de la asociación», según el relato fiscal.

Una vez que llegaban a España vía aeropuerto Madrid-Barajas, eran recogidas por los acusados e instaladas en los pisos propiedad de Antonio, cuyo alquiler detraía directamente de lo ganado cada noche en el club de alterne.

Por su parte, los letrados de la defensa solicitaron la libre absolución de sus clientes, argumentando que las súbditas rusas «sabían perfectamente a lo que venían» y que en ningún momento se les obligó a prostituirse o se les engañó con falsas promesas ofreciéndoles finalmente un trabajo «denigrante», llegando a decir que el local estaba legalmente registrado y que a todos sus trabajadores «o bien tenían sus papeles en regla o se les había iniciado ha un expediente de solicitud».

TRABAJAN NUEVE HORAS DIARIAS SIN CONTRATO

Diez de las testigos llamadas a declarar aseguraron durante el juicio todo el contrario, señalando que no poseían permiso de trabajo y de residencia, ni fueron contratadas y dadas de alta en la Seguridad Social, debiendo «captar clientes» desde las 21.00 horas a las 06.00 del día siguiente y siendo multadas cuando se negaban a realizar ‘streptease’, aunque ninguna de ellas mencionó que además se prostituyeran.

Algunas súbditas rusas llegaron a decir que se les prohibía llevar pantalones y que sólo descansaban «cuando estábamos enfermas o con la menstruación», mientras que otra acusó directamente a uno de los acusados de comprarle un billete de avión para Rusia «a cambio de que no declarara contra él».

Antonio E.R., como reincidente, se enfrenta a una petición de cárcel superior a los otros dos acusados, 10 años por dos delitos continuados contra los derechos de los trabajadores, otros tres por un delito de asociación ilícita, y el pago de una multa de 25.200 euros.

Para Serafín M.C., de 44 años, la Fiscalía ha solicitado ocho años de cárcel por los dos primeros delitos, y tres más por el tercero, así como una multa de 22.800 euros, mientras que Svetlana B., de 23 años, está acusada de un solo delito contra los derechos de los trabajadores y el de asociación ilícita, por los que el Ministerio Público solicita cuatro y dos años de prisión, y multa de 16.800 euros.

la Fiscalía pide además en su escrito de conclusiones definitivas la clausura del local de alterne, y una indemnización conjunta y solidaria para cada una de las trabajadoras contratadas ilegalmente de 3.000 euros.

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