GRANADA, 7 (EUROPA PRESS)

La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fuensanta Coves, señaló que si finalmente culmina el expediente sancionador a la empresa causante del vertido de Sierra Elvira la sanción podría ascender a 1,2 millones de euros, si bien destacó que la Junta paralizará el trámite administrativo si la fiscalía abre expediente e inicia una investigación a la espera del resultado de la misma.

Coves señaló en rueda de prensa que resulta «escandaloso que en el siglo XXI todavía se produzcan vertidos de esta naturaleza», y indicó que la Consejería está a disposición del juzgado «para que nos vaya dando instrucciones sobre cómo actuar» en relación a este vertido.

La consejera anunció que el próximo lunes técnicos de la Empresa de Gestión Medioambiental de Andalucía (Egmasa) se van a trasladar a la provincia para hacer una primera caracterización de los residuos que se encuentran en la zona de la Cantera de San Miguel, situada en el término municipal de Atarfe.

Así, la consejera no concretó el tiempo que esta caracterización puede llevar y señaló que habrá que hacer catas para ver la profundidad real del vertido y conocer la extensión y la naturaleza de los residuos.

Inmediatamente después de esta caracterización la Consejería llevará a cabo un plan para retirar el vertido «y tendrá que ser el responsable del vertido quien decida que empresa lo retire, teniendo en cuenta que debe contar con la autorización de la Junta de Andalucía», apuntó.

Por otro lado, Coves manifestó que la investigación que está llevando a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) todavía no ha finalizado y que la Consejería está preparada para la retirada de esos residuos y para ver el impacto ambiental que ha podido tener el vertido, a la vez que señaló que «en estos momentos no sabemos si se han contaminado acuíferos o si el suelo se ha podido contaminar».

La Consejería ha abierto un expediente sancionador por tres faltas muy graves: la primera, por eliminación de residuos sin someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental; la segunda, por haber creado un vertedero no autorizado y depósito de residuos sin autorización y la tercera, por un vertido de residuos peligrosos de forma incontrolada, según informó Coves.

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