GRANADA, 4 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial juzgará a partir de mañana a los dos propietarios de un conocido club de alterne de Motril (Granada), acusados de introducir ilegalmente en el país a súbditas rusas como prostitutas con la colaboración de una tercera acusada, para los que la Fiscalía pide penas que oscilan entre los seis y los 13 años de prisión, a raíz de la inspección realizada por la Policía Nacional de Motril y la denuncia presentada por 13 de las 18 trabajadoras del local.

Antonio E.R., condenado con anterioridad por un delito similar, y Serafín M.C. se enfrentan a una petición fiscal de 13 y 11 años de cárcel respectivamente y multas superiores a los 20.000 euros, por dos delitos contra los derechos de los trabajadores y un tercero de asociación ilícita, mientras que Svetlana B., de 23 años de edad y origen ruso, se enfrenta a seis años de prisión.

En esta inspección del 23 de enero de 2002, los agentes comprobaron que 18 chicas trabajan en el local regentado por Antonio y Serafín, captando a clientes para que consumieran bebidas, realizando ‘streptease’ para entretenerlos, o manteniendo con ellos relaciones sexuales si así lo solicitaban, de 21.00 horas a 06.00 horas del día siguiente, sin contrato, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, y en situación de ilegalidad al no poseer permiso de trabajo en España.

Según el fiscal, las chicas cobraban un porcentaje determinado por cada actividad, mientras que la dirección se quedaba con el resto, algo más de la mitad, además de cobrarles el alquiler de sus pisos y el dinero que invirtieron en su viaje clandestino de Rusia a España haciéndolas pasar por turistas.

Para «abastecerse del personal necesario para su club», los dos propietarios contaban con la colaboración de la joven rusa también acusada como enlace, y un tercero residente en Rusia al que enviaban el dinero para la compra del billete de avión y la documentación necesaria, en total 30.000 euros entre el 11 de enero y el 26 de diciembre de 2001, «periodo de mayor actividad de la asociación».

Una vez que llegaban a España vía aeropuerto Madrid-Barajas, eran recogidas por los acusados e instaladas en los pisos propiedad de Antonio, cuyo alquiler detraía directamente de lo ganado cada noche en el club de alterne. En el momento de su detención, se le ocuparon junto a una agenda, 2.945,25 euros y 25.000 de las antiguas pesetas fruto de su presunta actividad ilícita.

Antonio E.R., como reincidente, se enfrenta a una petición de cárcel superior a los otros dos acusados, 10 años por dos delitos contra los derechos de los trabajadores, otros tres por un delito de asociación ilícita, y el pago de una multa de 25.200 euros.

Para Serafín M.C., de 44 años, la Fiscalía ha solicitado ocho años de cárcel por los dos primeros delitos, y tres más por el tercero, así como una multa de 22.800 euros, mientras que Svetlana B., está acusada de un solo delito contra los derechos de los trabajadores y el de asociación ilícita, por los que el Ministerio Público solicita cuatro y dos años de prisión, y multa de 16.800 euros.

Asimismo, la Fiscalía pide además en su escrito de conclusiones provisionales la clausura del local de alterne, y una indemnización conjunta y solidaria para cada una de las trabajadoras contratadas ilegalmente de 3.000 euros.

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