SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, relacionó hoy la exclusión de los inmigrantes no comunitarios del Programa de Solidaridad a un «conflicto legal no resuelto» entre la Ley de Extranjería y el Decreto que la Junta aprobó para regular las prestaciones sociales, entre ellas el salario social, en Andalucía.

En declaraciones a Europa Press, Chamizo explicó que la Ley de Extranjería establece para todos los inmigrantes documentados con residencia en España «la posibilidad de tener acceso a todas las prestaciones sociales, entre ellas el salario social», mientras que el Decreto de la Junta no incluye a los no comunitarios.

Por ello, apuntó que se trata de «un problema no resuelto ni por el Gobierno central anterior ni por la administración autonómica», si bien aseguró que «en la medida que sea posible y se transfiera un fondo del Estado al Gobierno andaluz no habría problema alguno».

De esta forma, el Defensor respondió al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, quien ha pedido el amparo de José Chamizo para que erradique la discriminación que sufren los inmigrantes no comunitarios que viven en España, a quienes, según dice el alcalde, el Programa de Solidaridad de la Junta excluye de las prestaciones sociales.

A este respecto, Chamizo aseguró que «vamos a trabajar» en esta asunto, ya que se trata de «una petición nuestra en la que estamos insistiendo desde hace tiempo por la disparidad de criterios entre Ley de Extranjería y el Decreto de la Junta».

En cualquier caso, aclaró que se trata de un «problema económico» que deberá solventarse y «calcular cuánto dinero se necesita para ello», donde «no sólo la Junta y el Gobierno central tienen algo que decir, sino también los ayuntamientos».

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