LOJA (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, entre las que se encuentra un joven cabrero de Loja (Granada) y un concejal de un ayuntamiento malagueño por la falsificación de 26 resoluciones de permisos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social de Loja, con la que pretendían renovar para contratar a 26 ciudadanos bolivianos, según informó el Instituto Armado en una nota.

Los detenidos son los dos integrantes de una sociedad agroganadera; el gestor que les ha tramitado la documentación a sabiendas de que era falsa y un concejal de un ayuntamiento malagueño que cotejó dichos documentos sabiendo de sus irregularidades.

Sin embargo, las investigaciones que se han seguido durante la operación han desvelado que uno de los detenidos, un joven cabrero de Loja, de 24 años, F.J.M.O., ha suplantado la personalidad de una quinta persona, Javiér López, que teóricamente desempeña el cargo de Secretario del Arzobispado, y ha sido el principal instigador de estos hechos y quien ha engañado al resto de los detenidos, incluido su socio, al que además ha estafado.

El joven detenido, paralelamente a estos hechos, también suplantó la personalidad de un hombre fallecido en el año 1980 para intentar vender por dos millones de euros una finca de Loja que nunca estuvo en venta.

La operación que se ha saldado con estas cuatro detenciones comenzó el pasado día 19 de marzo, cuando el Director de la Administración de la Tesorería de la Seguridad Social de Loja presentó una denuncia ante la Guardia Civil por las irregularidades detectadas en la documentación laboral que presentó una empresa de la localidad de Iznajar (Córdoba) para tramitar el alta en la Seguridad Social de 26 súbditos bolivianos.

Las irregularidades consistían en la falsificación de las Resoluciones de Permiso de Trabajo renovadas, ya que todas ellas eran fotocopias de una Resolución original a la que le habían modificado el número de registro de salida.

El número de registro era en todas las renovaciones de la Resolución del Permiso de Trabajo el mismo, 550, al que le habían añadido a bolígrafo un número que iba desde el 01 al 27 y el nombre de cada uno de los súbditos bolivianos con una máquina de escribir cuyo tipo de letra difiere del original del documento. También coincidían en todos los documentos el mismo número de expediente y el mismo número de NIE.

Las fotocopias de las 26 resoluciones de Permiso de Trabajo iban amparadas, además, por una compulsa hecha en un ayuntamiento malagueño y que firmaba el Teniente de alcalde.

El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Loja que se hizo cargo de la investigación de estos hechos ha descubierto que el joven F.J.M.O. y el supuesto Javier López, al que todos los detenidos aluden como el que daba las directrices por teléfono de cuanto había que hacer, y al que creían Secretario del Arzobispo, eran la misma persona.

El joven detenido hizo creer a todos que la Iglesia les había arrendado un cortijo, en cuyo contrato de arriendo figura el nombre y la firma de Javier López, como Secretario del Arzobispado de Córdoba, a la sociedad que comparten este joven y otro de los detenidos A.M.P., de 67 años de edad, y que en dicho cortijo trabajarían los súbditos bolivianos a los que pretendían dar de alta en la Seguridad Social.

Por este motivo, creyendo que la Iglesia estaba detrás de la contratación de los inmigrantes, tanto el gestor como el concejal obviaron las irregularidades manifiestas de los documentos y procedieron de forma presuntamente ilegal.

Caso aparte es el del también detenido A.M.P., ya que también fue presuntamente estafado. Su joven socio, F.J.M.O., le hizo creer que había conseguido el arriendo de un cortijo de la Iglesia por 6.000 euros, dinero que fue a parar a una cuenta corriente del joven detenido.

Mientras todo esto ocurría, y de forma paralela, el joven F.J.M.O. había suplantado la personalidad de un hombre fallecido en el año 1980 y en su nombre estaba intentado vender una finca ubicada en el término municipal de Loja valorada en dos millones de euros que nunca estuvo a la venta.

Sin embargo el negocio fracasó porque los compradores condicionaron la compra a conocer personalmente al vendedor, al que sólo conocían por teléfono, y que no era otro que el propio detenido cambiando la voz y perfeccionando la pronunciación.

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