Published On: Lun, Ene 19th, 2015

Los jueces siguen indagando en el hundimiento de CajaGranada

Poco a poco se van desvelando detalles de la investigación que están llevando adelante desde los tribunales para dilucidar si en el hundimiento de CajaGranada hubo actuaciones delictivas. Mala gestión, desde luego que la hubo; a la vista está. Lo grave es que ahora parece que además de llevar a la entidad al descalabro, algunos directivos tomaron decisiones para beneficiarse entre ellos, incluso cuando el desastre era inminente y todos lo sabían o precisamente por eso, porque sabían que el chollo se acababa y quisieron dar un último golpe.

CajaGranada

Gonzalo Sánchez Vizcaíno, presidente de la comisión de Retribuciones de CajaGranada, acude mañana al Juzgado de Instrucción número 5 de Granada para declarar como imputado. La comparecencia de Sánchez Vizcaíno, prevista para las diez de la mañana, es una consecuencia más de la denuncia presentada por UPyD, que observa claros indicios delictivos en la subida de sueldo que el consejo de administración de CajaGranada aprobó para el que entonces era su director general, Ramón Martín.

Como se recordará, UPyD denunció ante ese juzgado que la mayoría del consejo de administración votó a favor de que Ramón Martín López percibiera una prima equivalente al 25% de todos sus ingresos, con carácter retroactivo, y que se le blindara su salario, de 208.000 euros al año, para que pudiera seguir cobrándolo aunque dejara de desempeñar ese cargo, cosa que ocurrió un año y medio después, cuando CajaGranada se integró en el grupo BMN.

Lo que más le llamó la atención a UPyD fue que ese punto se aprobara en una situación que no lo aconsejaba en absoluto. Era el 24 de febrero de 2011 y CajaGranada estaba en pleno proceso de reconversión, lo que se tradujo en cierre de oficinas, traslado forzoso de personal a Madrid, prejubilaciones, petición de fondos al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)… En ese contexto, adujo el partido del que es concejal en Granada Mayte Olalla, incrementar en esa medida el sueldo de uno de los principales directivos no era nada lógico y, en cambio, sí podía constituir un delito societario del que serían responsables quienes dieron el visto bueno.

En junio del año pasado, el Juzgado de Instrucción número 5 ya llamó a declarar como imputados por este mismo caso a Antonio Jara, presidente de CajaGranada; Antonio Montilla, secretario y componente del Consejo de Administración, y al propio Ramón Martín López.

Ahora hace lo propio con Gonzalo Sánchez Vizcaíno después de que, el pasado mes de diciembre, la sección segunda de la Audiencia Provincial emitiera un auto en el que observaba indicios de delitos societarios en la importante subida de sueldo respecto a las “ya generosas retribuciones económicas fijas” del director general, y autorizara al juez a seguir investigando y a UPyD a continuar personado como acusación.

La Audiencia entiende que los hechos denunciados podrían tener repercusión penal “al resultar visible y evaluable” el “gratuito perjuicio causado a la entidad y por ende a los clientes depositarios de los fondos, bienes y valores confiados a la administración de la misma”.

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