Subdelegación asegura que las obras del trasvase a Baza continúan porque el decreto anulado 'no le afecta'

GRANADA, 10 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, aseguró hoy que los trabajos del trasvase del río Castril para abastecer a Baza (Granada) "continuarán al ritmo establecido" porque el decreto de sequía anulado recientemente por el Tribunal Supremo (TS) "no le afecta".

A preguntas de los periodistas, Cruz indicó que la conducción de agua potable que se está construyendo aguas abajo del embalse del Portillo "tiene un expediente diferente" al Real Decreto que ha anulado, "por un defecto de forma", el Alto Tribunal y ha criticado que la Plataforma en Defensa del Río Castril interprete la decisión judicial "conforme a sus intereses".

Así, negó que este colectivo esté personado en el proceso judicial abierto a raíz de que, según dijo, "varios ayuntamientos y empresas de Castilla-La Mancha" se opusieran a la aplicación de este decreto, que articulaba una serie de medidas para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

Por todo ello, aseguró que "en poco tiempo los ciudadanos de Baza beberán agua del río Castril", pese a que ayer la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir diera otra versión a través de un comunicado.

Concretamente, se mostró decidida a "corregir y resolver" el vacío legal que había provocado la anulación del Decreto de Sequía de 2005 y, de este modo, ofrecer continuidad a las medidas tomadas hasta el momento para garantizar el acceso al agua en las zonas de mayor riesgo en los periodos de sequía.

"Entre ellas destaca la conducción para abastecimiento a Baza aguas abajo del embalse del Portillo que se diseñó con el objetivo de garantizar el suministro de agua a la población", añadía la nota, que insistía en el Gobierno articulará medidas "para tratar de seguir garantizando el abastecimiento a las poblaciones, entre otras al municipio de Baza".

Según matizó Cruz, estas afirmaciones se produjeron antes de que el Gobierno tuviera en su poder el fallo del Alto Tribunal, que fue publicado el pasado 1 de marzo en el Boletín Oficial del Estado.