Juzgan al arquitecto municipal de Carataunas acusado de un delito urbanístico

GRANADA, 8 (EUROPA PRESS)

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada acoge mañana y pasado el juicio contra el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Carataunas (Granada), Justo M.V., que está acusado de falsear informes para vender una parcela y expedir licencias de obras para construir en ella una nave agrícola y una vivienda, pese a que el suelo no es urbanizable y tiene una protección especial, hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años y medio de prisión.

La Fiscalía de Granada le acusa de dos delitos contra la ordenación del territorio y de otro de falsedad documental, por lo que además de cárcel también pide para él una multa de 6.480 euros e inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por un periodo de nueve años. También le imputa un delito contra el territorio a la dueña de la parcela, mujer del arquitecto municipal, y a los dos compradores de la misma y pide para cada uno de ellos una pena de nueve meses de cárcel y el pago de una multa de 4.320 euros

Según consta en el escrito de acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, fue en 2003 cuando la mujer de Justo, Angustias M.A., acordó con su marido poner en venta parte de una finca de su propiedad, interesándose en la compra dos ciudadanos de nacionalidad británica que contactaron con el acusado.

Tras llevar a cabo las negociaciones de la venta, Justo M.V., realizó un contrato de compraventa, con fecha de 22 de mayo de 2003, en el que la propietaria de la parcela se comprometía a la construcción de una nave agrícola en la misma.

Para cumplir con este asunto, según el fiscal, Justo M.V. efectuó "a sabiendas de su falsedad" un informe en el que hacía constar que la finca podía segregarse en parcelas no inferiores a 5.000 metros cuadrados y en base a este documento le fue concedido por parte del Ayuntamiento de Carataunuas la licencia necesaria para construir la citada nave, tal y como se haría luego..

Posteriormente, el 15 de octubre de 2003, las partes formalizaron ante notario la escritura de segregación y la venta de la parcerla a los dos ciudadanos británicos, que ya en la notaría transmitieron a Justo M.V. su intención de construir una vivienda en la nave agrícola, manifestándoles el arquitecto municipal que "transcurridos cuatro años el Ayuntamiento no podía hacer nada".

De hecho, los compradores de la parcela "han transformado la nave en una vivienda unifamiliar de 80 metros cuadrados con zona de recreo, caseta de aperos y una piscina con una superficie de 6 por 3 metros cuadrados", obras que no se pueden legalizar por encontrarse a una distancia inferior a dos kilómetros del núcleo de población.

El fiscal considera que el arquitecto municipal concedió las licencias necesarias a los compradores a "sabiendas" de que estaban edificando una vivienda y no una nave agrícola y de que ya habían recibido informes negativos anteriores por parte de la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio.

Por todo ello, el Ministerio Público también pide que los acusados procedan a la demolición de las obras realizadas.